El sistema previsional no es más que un mecanismo de ahorro compulsivo que obliga a ahorrar para el momento del retiro de la vida laboral, ahorro que de otro modo no se haría en forma voluntaria.
Por Ariel Coremberg y Emilio Ocampo, en diario La Nación
La aprobación de un aumento de las jubilaciones por el Congreso y el veto presidencial vuelven a poner sobre el tapete la viabilidad del sistema previsional. Al momento de asumir el presente gobierno, el sistema previsional argentino se encontraba, nuevamente, quebrado.
El sistema previsional no es más que un mecanismo de ahorro compulsivo que obliga a ahorrar para el momento del retiro de la vida laboral, ahorro que de otro modo no se haría en forma voluntaria. En el caso del sistema de reparto, los jóvenes trabajadores son obligados a realizar aportes a la seguridad social para que esta a su vez financie las jubilaciones presentes. Mientras que en el sistema de capitalización las cuentas de ahorro son individuales, para financiar su propio retiro.
El sistema previsional argentino es también financieramente inviable desde el punto de vista de los stocks y de los flujos por razones ya conocidas. Su inviabilidad solo se puede resolver con mayores ingresos y menores egresos.
Primero, es necesario adaptarlo a la realidad demográfica y tener en cuenta la inserción masiva de la mujer en el mercado laboral y la mejora de la esperanza de vida de la población. Desde 2000 la esperanza de vida al nacer se ha extendido de 73 a 76 años. Es necesario adecuar la edad de jubilación e igualarla para hombres y mujeres. Pero estos cambios, de alto costo político, tienen un impacto marginal.
Lo más importante es una reforma laboral que permita incorporar el empleo informal al sistema previsional. Esta reforma debe promover el empleo privado productivo y, de esta manera, el número de aportantes.
La reforma laboral y la previsional deben ser dinámicamente consistentes. Sin una reforma laboral no tendremos un sistema previsional sostenible. El Gobierno está avanzando con una reforma laboral que apunta en esa dirección. Sin ahorro voluntario y ahorro previsional no habrá inversión, y sin inversión no habrá crecimiento. Así de simple.
El problema es que es imposible incentivar el ahorro previsional si la gente percibe su aporte como un impuesto oneroso (o, peor aún, una confiscación). Por otro lado, la historia nos demuestra que cualquier “caja” en donde se acumulan recursos del sector privado termina siendo apropiada por un Estado dispendioso.
Nuestra propuesta es complementar estos esfuerzos creando un sistema de capitalización voluntario adicional al sistema de reparto. Este sistema de cuentas de retiro voluntarias (CRV) exentas de impuestos permitiría a los aportantes administrar discrecionalmente sus ahorros bajo supervisión regulatoria. Se trata de un sistema inspirado en las cuentas IRA (individual) y 401-K de Estados Unidos y el de otros países en los que el sistema de reparto se complementa con esquemas de ahorro privado.
Los participantes en este sistema podrán invertir los ahorros acumulados en las CRV en activos financieros del sector privado doméstico o externo, prohibiendo la colocación en deuda pública, asegurando una rentabilidad razonable al ahorrista previsional, aislándolos del riesgo de default del sector público. Al minimizarse el riesgo de captura por parte del Estado, los trabajadores tendrían mayores incentivos para ahorrar.
Si el aportante pudiera demostrar conocimientos financieros tendría libertad para tomar las decisiones de inversión. Aquellos aportantes que no los tuvieran tendrían libertad de elegir a cualquier administrador de fondos que opere bajo aprobación y supervisión de la Comisión Nacional de Valores.
Las comisiones serían iguales a las que se cobran en el mercado por este tipo de servicio y serían significativamente menores que las que cobraban las AFJP. Respecto de la póliza de seguros de invalidez y fallecimiento, el aportante podría elegir libremente entre proveedores autorizados por la Superintendencia de Seguros.
Una ventaja de esta propuesta es que no generaría un déficit financiero durante la transición. Además, la atomización de las cuentas y la ausencia de un oligopolio administrador no solo reduciría el riesgo de colusión, sino que, más importante aún, haría más difícil la captura por un Estado depredador. Es decir, la tentación de apropiarse de los fondos de las cuentas custodia individuales en forma directa quedaría limitada no solo por la ley, sino también por la imposibilidad logística de “presionar” a cada uno de los millones de aportantes a adquirir títulos públicos. Además, la estatización o confiscación de las CRV sería prácticamente imposible y tendría alto costo político.
Para aumentar el costo político de cualquier intento de expropiación por parte del sistema político, es importante que trabajadores perciban que sus aportes no son un impuesto, sino un ahorro para su jubilación. Para lograr este objetivo proponemos que se permita garantizar préstamos hipotecarios con un tercio de los fondos capitalizados en cada CRV, realizar retiros extraordinarios antes de la edad jubilatoria con penalidad del 30% y que los fondos sean heredables.
Otro incentivo al ahorro sería la exención del impuesto a las ganancias sobre las ganancias realizadas y no realizadas de las CRV, que se mantendría hasta la edad de retiro, tal como funciona con las cuentas IRA en Estados Unidos. Como objetivo subsidiario, este esquema contribuiría al desarrollo del mercado de capitales y ampliaría la oferta de fondos a actividades productivas.
Siendo los aportes y contribuciones a la seguridad social el principal recurso de financiamiento del sistema de reparto en tanto aumente paulatinamente con la ampliación de la base contributiva gracias a la reforma laboral, proponemos la restitución de la recaudación del impuesto a las ganancias para fortalecer el financiamiento del sistema previsional de reparto, hoy utilizado para financiar a las provincias cuando originalmente era para el sistema previsional.
Todo superávit eventual del sistema de capitalización actual deberá ser reinvertido en el propio sistema para evitar la utilización estatal de los ahorros de los argentinos para jubilarse. Para ello se propone la gestión profesional de la Anses, administrador politizado del sistema de reparto, independiente de la política. También hay que replantear el FGS.
En conclusión, la crisis del sistema previsional argentino no es producto de la falta de actualización de la edad jubilatoria ni del envejecimiento poblacional, sino de la informalidad del trabajo por la atribución como impuesto y no como ahorro de los aportes y contribuciones y la captura de los recursos del sistema por un Estado deficitario.
Nuestra propuesta es realista y toma en cuenta la frustrada experiencia de los argentinos con ambos sistemas de jubilación. Entre sus ventajas podemos mencionar:
1) Evita el desequilibrio fiscal de una “transición” y la captura política de los fondos previsionales para otros usos.
2) Evita la posible captura de los aportes voluntarios por parte del Estado.
3) Empodera al aportante del segmento de capitalización adicional, generando un incentivo a una mayor tasa de ahorro.
4) Contribuye al desarrollo de los mercados de capitales.
5) Aumenta el financiamiento del segmento de reparto al derivar el principal recurso no contributivo (la recaudación de impuestos a las ganancias, apropiado por las provincias).
Ambos segmentos del nuevo sistema son sostenibles a largo plazo si y solo si se incentiva la generación de empleo productivo registrado mediante una profunda y definitiva reforma laboral que refleje la realidad demográfica y económica del siglo XXI.