También se eliminará la obligación del Estado de pagar los sueldos de empleados públicos en el Banco Nación, hacer los viajes oficiales con Aerolíneas Argentinas y comprar nafta en YPF.
El Gobierno derogará el DNU 823/21 que obliga a los ministerios y organismos del Estado a la contratación de pólizas con Nación Seguros, según informó el medio Clarín. Esa norma es la que permitió que se armara un enorme esquema de corrupción con el pago de comisiones a intermediarios con relaciones con el ex presidente Alberto Fernández y también con otros políticos de su gobierno.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió a su equipo preparar la derogación de ese polémico decreto, que sigue vigente a pesar de que la Justicia avanzó sobre el ex presidente Alberto Fernández por maniobras con esas pólizas del Estado a favor de sus amigos, sobre todo el broker Héctor Martínez Sosa.
Cuando Nicolás Posse estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete se analizó la cuestión y el 11 de abril finalmente se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de "brokers" con los seguros de los organismos públicos, pero no se derogó el decreto.
El argumento oficial en ese momento era que una anulación de aquella reglamentación podría perjudicar los convenios en curso y que no "era necesario" para evitar eventuales irregularidades.
La nueva difusión de chats de los implicados en el escándalo, en el marco de filtraciones de la causa judicial que se le sigue al ex mandatario y a ex funcionarios como Alberto Pagliano, volvieron a reavivar la polémica por la vigencia de una normativa que no prohíbe taxativamente la intromisión de intermediarios en este tipo de convenios.
Desde Nación Seguros, la unidad del Banco Nación que provee las pólizas a organismos oficiales, no consideraban -en ese momento- necesario la derogación del mencionado decreto.
Además, en el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzennegger, tienen una visión similar a esta última: por eso insisten con la derogación del citado decreto.
Además de la derogación del DNU 823/21 que generó ese esquema de corrupción con los seguros, Sturzennegger incluyó otras derogaciones de decretos que favorecen a empresas del Estado en las compras de la administración pública nacional.