Allanaron la casa de un diputado de Misiones por presunta explotación sexual infantil

El diputado misionero Germán Kiczka, presidente del partido Activar, está bajo investigación por presunta tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil. En las últimas horas, la Policía allanó su casa y encontró videos comprometedores en su computadora. El legislador no quedó detenido, ya que tiene fueros que impiden su arresto.

Todo comenzó en febrero, cuando la Justicia Federal realizó un operativo en el domicilio del padre y el hermano de Kiczka en la ciudad de Apóstoles, sospechados de integrar una red de pedofilia internacional, que compartía imágenes de menores siendo explotados sexualmente.

Según informaron a TN fuentes de la causa, ambos fueron a juicio abreviado y reconocieron los delitos. A partir de ahí, se abrió otra causa paralela que recayó en el Juzgado provincial. “La Justicia Federal dispuso que el caso sea remitido a este fuero por cuestión de competencia. Tenían indicios de que el legislador también estuviera involucrado en hecho similar”, explicaron.

Mameluco secuestrado

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Esta sospecha desató una investigación por parte de la Unidad de Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos (SAIC) de la provincia de Misiones. Con suficientes pruebas en mano, el Juzgado de Instrucción penal N°4 de Apóstoles, a cargo de Miguel Farías, dictó una nueva orden de allanamiento que dio resultados positivos y “perturbadores”, indicaron las mismas fuentes.

El martes, casi de madrugada, la Policía fue hasta la casa del diputado Kiczka y realizó un operativo donde se secuestraron dos celulares y una notebook. Al analizar los dispositivos de manera preliminar, las autoridades encontraron archivos con material pedófilo, zoofilia e incesto, además de revistas, juguetes sexuales y otros elementos comprometedores. “En el auto hallaron un mameluco que parece de una secta”, detalló un investigador.

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Debido a su condición de diputado provincial, a pesar de todos estos elementos probatorios en su contra, Kiczka goza de fueros que impiden su detención inmediata. Sin embargo, dependiendo del avance de la causa, el juez podría solicitar a la Legislatura que le retiren los fueros, permitiendo así su citación, procesamiento y eventual disposición ante la Justicia.

El magistrado Miguel Farías ya dejó constancia de los graves hechos que se le imputan al legislador ante la Cámara de Diputados provincial. Fue a través del oficio judicial al que tuvo acceso TN. En este documento también se detalla que el diputado va a continuar investigado por “publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas”.

Contexto y conexiones familiares

El caso de Kiczka no es un incidente aislado, aunque el propio legislador trató de defenderse en un comunicado en donde se desligó de los hechos y aseguró que se trata de una causa que involucra a sus familiares, y no a él directamente.

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“Esta mañana, personal de la policía de la provincia allanó mi vivienda en el marco de una causa que es de público conocimiento e involucra a familiares míos. Como lo hice desde el primer día, quiero dejar en claro que estoy a disposición de la justicia para colaborar en lo que se necesite, con el fin de esclarecer lo más rápido posible esta situación”, expresó el diputado.

“Soy una persona que confía plenamente en las instituciones y cree en la independencia de la justicia, por lo que seguiré trabajando y colaborando en la pronta resolución. Agradezco a quienes se han comunicado y espero que se resuelva con celeridad”, agregó.

Lo cierto es que, en febrero pasado, durante el operativo “Guardianes Digitales de la Niñez”, la Policía Federal allanó el domicilio de su padre y hermano en Apóstoles. La denuncia fue impulsada por el Centro Internacional de Niños Desaparecidos y Explotados y la “Coalición De Rescate Infantil” de los Estados Unidos.

Esta operación, parte de una investigación internacional liderada por la fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy, buscaba desbaratar una importante red de distribución y comercialización de material sexual infantil.

Estos organismos detectaron a usuarios en la Argentina que compartían material de abuso sexual infantil en redes P2P, llevando a múltiples allanamientos en Apóstoles, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Tucumán. En estos operativos se secuestraron 357 archivos multimedia, y se detuvo al hermano y al padre del diputado provincial.

La técnica de investigación

El tráfico de explotación sexual infantil es un delito globalmente en crecimiento y extremadamente difícil de detectar debido al uso de programas encriptados. La Policía utiliza software autorizado por convenios internacionales para monitorear redes de intercambio de archivos peer-to-peer (P2P). Al compartir archivos, los usuarios revelan sus direcciones IP, las cuales son rastreadas y registradas por las fuerzas de seguridad.

Los dispositivos confiscados son minuciosamente analizados por expertos en informática forense, buscando archivos almacenados, borrados e historial de navegación. Según el Código Penal (Ley 27436), la producción, distribución y posesión de material pornográfico infantil conlleva penas de prisión que van desde tres a seis años.