La mesa técnica del Ejecutivo avanzó con la reorganización administrativa junto con las modificaciones en la Ley de Empleo Público y el marco que habilita la privatización de las empresas del Estado.
Javier Milei ya firmó el primer decreto que reglamenta la Ley Bases, que fue sancionada a fines de junio en el Congreso. Se trata del segundo capítulo, que contiene las herramientas para que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, realice la reforma del Estado. Saldrá publicado el lunes en el boletín oficial.
La mesa técnica del Ejecutivo avanzó con la reglamentación de la reorganización administrativa del Estado junto con las modificaciones en la Ley de Empleo Público y el marco que habilita la privatización de las empresas públicas.
El artículo 3 le entrega a Milei las facultades para poder modificar o eliminar organismos de la administración central o descentralizada que hayan sido creados por decreto o por ley. Permite además que el presidente derogue sus competencias, funciones y estructuras jurídicas.
Excluye de la intervención a las estructuras del Poder Judicial, a las del Legislativo y a las dependencias del CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA, entre otros.
El Ejecutivo quiere avanzar con la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.
El decreto reglamentario que se publica el lunes habilita también la modificación de la estructura jurídica de las empresas públicas y permite su transferencia completa a provincias que quieran financiarlas.
Le atribuye además facultades al Gobierno para transformar, unificar, disolver y liquidar fondos fiduciarios públicos. Habilita la eliminación de asignaciones específicas tributarias y deriva al Tesoro la recaudación. Excluye el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley 25.565.
Establece además la intervención de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones en el proceso de venta. La Auditoría General de la Nación (AGN) deberá presentarle en 120 días hábiles un examen sobre los aspectos legales y financieros de cada empresa y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un informe sobre el patrimonio y la operatividad.
La mesa técnica incluyó las modificaciones a la Ley de Empleo Público en el mismo paquete reglamentario. Se trata del marco normativo para los empleados públicos de los organismos sujetos a eliminación o modificación. Determina que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.
Habilita que los empleados puedan ser cedidos de Nación a provincias y municipios y fija una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año. Contiene además un articulado que faculta al Ejecutivo a no pagar a indemnizaciones en casos que se hayan encontrado irregularidades, como el incumplimiento del horario, inasistencias injustificadas y el abandono de tareas.