Las firmas que investiga la Justicia son la imprenta Rumbos S.A y Coxtex SRL, a las que el Polo Obrero habría desviado una suma millonaria entre 2020 y 2023.
La Justicia avanza en la causa que investiga si el Polo Obrero defraudó en millones de pesos al Estado nacional al desviar parte de la plata que recibía en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo a dos empresas que hacían facturas truchas.
Las firmas en la mira son la imprenta Rumbos S.A. y Coxtex SRL, a las que el Polo Obrero habría desvíado $25 millones entre 2020 y 2023. Los investigadores creen que parte de ese dinero tenía como objetivo final financiar al propio Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda, y que tiene entre sus referentes a Gabriel Solano y Romina Del Plá.
Según información que el juez federal Sebastián Casanello recibió de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el Partido Obrero consiguió entre 2020 y 2023, $18 millones de aportes que hizo la firma Rumbos S.A., fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente del partido que murió tiempo atrás, y Roberto Adrián Albornoz, que fue citado a indagatoria para el próximo 25 de junio.
En diálogo con el programa Somos Buenos, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, rindió cuentas sobre las acusaciones de la empresa que habría emitido facturas truchas. “La administración de ingresos públicos me autorizó a comprarle a esa empresa, porque antes de comprarle a la empresa, tengo que preguntarle a la AFIP si es legal. Porque está dentro del convenio que yo firmé con el Ministerio de Desarrollo Social. A mí la AFIP me dijo que esa empresa existía”, aseguró.
“La AFIP dice lo contrario”, le contestó el periodista Nicolás Wiñazki, a lo que Belliboni insistió: “Pueden decir eso ahora, pero hace tres años, cuando yo le presenté al Ministerio una factura que pasó previamente por la AFIP, y me habían dicho que era perfectamente legal”.
Según su argumento, las facturas eran legítimas ya que habían sido tramitadas a través de la administración de ingresos públicos y por el Estado. “Vamos a dar la cara y se lo vamos a mostrar a la Justicia porque no son truchas”, sostuvo.
Asimismo, dio una curiosa explicación de los fondos que se habrían utilizado en la imprenta Rumbos S.A. con la compra de una fotocopiadora, por la cual se cree que se pagaron $700.000: “Produjo un montón de volantes y de actividades de difusión del dengue, que estuvimos haciendo hasta ahora porque nadie difunde el combate al dengue”, agregó el dirigente. En cuanto fue cuestionado si los fondos no eran para asistencia social, argumentó que “asistencia social es tomar el tema del dengue. Porque es un problema enorme que hay, por ejemplo, en Corrientes, en Misiones, que se ve ahora mismo”.
De los $113 millones que el Polo Obrero y El Replandor Limitado sí rindieron ante Desarrollo Social, unos $25 millones fueron a la imprenta Rumbos SRL y la firma Coxtex S.A, que para la Justicia hacían facturas truchas para simular gastos. La segunda compañía integra un listado de la AFIP de empresas que se dedican a hacer facturas apócrifas.
Ahora el juez Casanello le pidió a la AFIP que analice el resto de las facturas para intentar detectar más facturas truchas. No solo se analizarán las de los $25 millones que se enviaron a Coxtex y Rumbos sino las que se presentaron en los restantes convenios. “Hay algunas por montos muy altos”, reconocen en la causa.
Para el Juez, estas maniobras de defraudación al Estado luego se vieron complementadas con más aprietes, extorsiones y amenazas por parte de los dirigentes piqueteros hacia beneficiarios. “En una primera línea se encuentra la malversación y en una segunda la plata que se generó a través de las extorsiones”, explican. Esta última sea tal vez la más aberrante, ya que a través de las pruebas que se recopilaron en el caso se comprobó que a los titulares del Potenciar Trabajo se les pedía entre $2000 y $3000, eran obligados a ir a las marchas y, si no lo hacían, no podían pasar a retirar los bolsones de comida e incluso quienes no asistieran esas movilizaciones hasta debían abonar $10.000 en multas.