Busca apurar el embargo a los bienes de la petrolera. Burford busca demostrar que la empresa y el Estado son “lo mismo”. ¿Ejemplo? Los viajes de Cristina Kirchner al Calafate en el avión de YPF.
El año pasado, a fines de mayo y en el mismo fallo con el que la jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, condenó al Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF en 2012, exculpó a la petrolera.
O sea, la jueza decidió que el bufete inglés Burford, que compró la mayoría de los derechos a litigar en esta causa a dos ex accionistas minoritario de la empresa, tenía razón y debía cobrar por el método que usaron Cristina Kirchner y sus funcionarios, con Axel Kicillof a la cabeza, para quedarse con al empresa; y dijo que YPF, que llevaba unos ocho años también como acusada, no había tenido nada que ver con la decisión de los gobernantes de ese momento.
Desde entonces, Burford está haciendo lo posible por cobrar o, al menos, sentar a la mesa de negociación al país. Por ahora, no tuvo éxito. Javier Milei habló meses atrás de “voluntad de pago” y no hubo más novedades al respecto. Por eso, el ganador de la demanda quiere subir otra vez a YPF al ring. Sabe que con un país quebrado, la mejor manera de empujar una negociación tiene que ver con que la compañía vuelva a estar en el centro de la escena y existe la chance real de que peligren sus activos.
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Vale recordar que Burford pagó unos 30 millones de euros para quedarse con las demandas y los derechos de litigio. Luego vendió una parte del juicio por USD 236 millones y ahora es el principal beneficiario del fallo condenatorio multimillonario. Como sea, luego de años de mantener la causa, embolsará varios miles de millones. A eso se dedica y por eso no son pocos los que equiparan su accionar con el de los “fondos buitre”.
Ahora Burford introdujo una figura nueva en la causa: el “alter ego”. Busca que la jueza resuelva sobre si YPF y el Estado argentino son “lo mismo” y de esa manera ir contra los activos de la compañía.
“Preska condenó a Argentina y exoneró a la empresa. Así, no se puede ir contra los activos de YPF porque quedó fuera del caso. Una manera de traer a YPF nuevamente a la causa es con la apelación, algo que ya empezó pero tendrá resolución no antes de un año. Otra manera de apurar e ir contra los activos de YPF es demostrar que Argentina e YPF operan igual, es decir, que son lo mismo. Que YPF no puede tomar decisiones sin que la Casa Rosada, de Milei, Cristina, Macri, Alberto o quien gobierne, se involucre”, resumió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.
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En ese contexto es que Burford pide en el tribunal pruebas para evidenciar esa situación. “Presentó varios ejemplos, pero la verdad es que hay pruebas suficientes como para decir que YPF y Argentina operan juntas. Burford mencionó algunas cuestiones públicas, como que Cristina Kirchner usó varias veces el avión de YPF, temas de financiamiento y que subir o bajar el precio de los combustibles es una decisión que sale de la Rosada. Con eso y otras pruebas que quiere que la propia YPF muestre –en un proceso que se llama discovery– pretende demostrar que son ‘alter ego’ y de esa manera ir contra los activos de la petrolera”, agregó Maril. También mencionaron que la empresa vendió petróleo por debajo de los valores de mercado para controlar los precios sin necesidad de regulaciones y que parte de sus ejecutivos llegan por conexiones políticas y no tiene experiencia en la industria energética.
En la compañía de las tres letras están convencidos de que esa figura, “alter ego”, ya fue rechazada en su momento por la propia Preska. Así lo entendió también Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro y encargado de llevar el caso durante el gobierno de Alberto Fernández.
“Es parte de su intento de revertir la derrota que les provocó la jueza cuando desestimó la demanda contra YPF”, dijo Soler en X. “Jurisprudencia de EEUU dice que sólo se puede concluir que una sociedad es un alter ego del Estado que es su accionista si el Estado ejerce un control tan intenso sobre ella que no se puede concebir que la sociedad sea una persona jurídica distinta. Un test tan exigente que en todos los años que duró la saga de los fondos buitres contra Argentina por el default de 2001 nunca consiguieron un fallo firme que declare que una sociedad estatal es un alter ego de la República. Esto no significa que Preska no concederá que los demandantes pueden obtener alguna información de YPF (las reglas de discovery son generosas para los demandantes). Pero cualquier información que consigan no debería alcanzarles para convencer a la corte que YPF es alter ego”, agregó el abogado, quien fue el segundo de Carlos Zannini en la Procuración del Tesoro del gobierno anterior.
No será un camino corto para Burford. Primero deberá obtener datos de YPF, a través del discovery, que les permita argumentar que la empresa y el país son lo mismo; luego tendrá que conseguir que Preska dicte una sentencia coincidiendo con esa interpretación; además, que la Corte de Apelaciones coincida con esa interpretación tras la previsible apelación de YPF; y después de todo eso, tiene que encontrar un bien de YPF que no goce de inmunidad y esté bajo la jurisdicción de Preska. Y, por supuesto, nada de todo esto servirá si Argentina prevalece en su apelación y los demandantes pierden el caso de fondo.
Control total
A mediados del mes pasado se conoció que en este contexto de reclamos judiciales permanente, y ante la certeza de que al menos por ahora Argentina no pagará ni negociará, y mientras se dirime el pedido de embargos, Burford exivió que pasen a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene en YPF. O sea, el 51% del paquete accionario de la empresa. Hoy la empresa tiene un market cap, según el precio de sus acciones en Wall Street, de USD 10.500 millones, con un precio por acción de unos 22 dólares (a mediados de 2022 llegó a valer menos de USD 3 por unidad).
La empresa informó la situación a sus accionistas en un “hecho relevante” que presentaron localmente ante la CNV, Byma y el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Allí, Margarita Chun, Responsable de Relaciones con el Mercado de la empresa, explicó que: “los Demandantes presentaron públicamente su moción de entrega, en la que solicitan al Tribunal de Distrito que ordene a la República entregar las acciones Clase D de YPF en poder de la República a los Demandantes en cumplimiento parcial de la sentencia del Tribunal de Distrito contra la República en este procedimiento. La República tiene hasta el 16 de mayo de 2024 para presentar su oposición a la moción de entrega de los Demandantes. Los Demandantes tienen hasta el 30 de mayo de 2024 para presentar su escrito de réplica”.
Y aclaró que: “YPF no es parte de la moción de entrega y no se le concedió acceso a la moción ni a los documentos relacionados hasta que fueron presentados públicamente. Luego del escrito de oposición de la República y del escrito de réplica de los Demandantes, el Tribunal de Distrito podría celebrar audiencias orales antes de emitir una decisión sobre la moción. Adicionalmente, la decisión del Tribunal de Distrito sobre la moción de entrega podría ser apelada por los Demandantes o la República de acuerdo con las reglas procesales aplicables”.
El nuevo pedido de Burford es un nuevo capítulo de esta muy extensa demanda. En resumen, va por todo. Quedarse con la mayoría accionaria, embargar o lo que sea para lograr sentar a Argentina a la mesa de negociación. Ahora con una nueva amenaza sobre YPF.