El juez Julián Ercolini avanza en la investigación. Las empresas que actuaron como reaseguradoras de los contratos con Nación Seguros.
“Ella es mi vida”, solía repetir Alberto Fernández cuando se refería a su histórica secretaria, María Cantero. Pasaron más de tres décadas. Cuando explotó el escándalo de los seguros, el ex presidente intentó desligarse de esa misma persona: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”. Pero no es tan fácil. La mujer está casada con Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers que tenía el monopolio de los seguros con el Estado. Además, ese empresario frecuentaba la quinta de Olivos durante la pandemia y hasta le prestó dinero al ex presidente. Llamativamente, esa deuda se mantuvo intacta durante el paso de Fernández por la Casa Rosada.
Alberto Fernández, su secretaria, y el broker amigo ahora son parte de un escándalo con ribetes políticos y judiciales impensados. “Tal vez el caso de los seguros que hemos visto en los medios sea el mejor ejemplo, un sistema diseñado para generar un intermediario entre los organismos del Estado de manera de poder cobrar retornos de cada operación”, lanzó el presidente Javier Milei ante el Congreso. El Gobierno ya había dado señales claras que iba a impulsar la denuncia cuando anunció que se presentará como querellante en el expediente.
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La causa judicial comenzó con una denuncia de la abogada Silvina Martínez, quien acusó a Fernández y a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. La presentación se basó en un artículo publicado por el editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, en donde se detallaba que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.
A esa denuncia se sumó otra presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto.
El primer paso lo dio el fiscal Ramiro González, cuando imputó al ex presidente y a Pagliano, otro amigo de Fernández. Al día siguiente, el juez federal Julián Ercolini pidió los movimientos migratorios de varias personas y una batería de informes a Nación Seguros, a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a Auditoría General de la Nación (AGN), y hasta la Jefatura de Gabinete. Esos organismos ahora están en manos de funcionarios designados por este gobierno.
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Ercolini fue muy preciso en el oficio enviado a Nación Seguros: le pidió la nómina de las empresas que actuaron como coaseguradoras o reaseguradoras en los contratos celebrados entre organismos del Estado y la aseguradora que ahora está en manos de Alfonso José Torres, un hombre de Eduardo “Lule” Menem.
Esa notificación puso en alerta a decenas de empresas y a brokers vinculados a la política que todavía no salieron a la luz.
Son dos herramientas distintas. El coaseguro es un mecanismo usado por las empresas aseguradoras locales para distribuir la responsabilidad de una cobertura de riesgo amplio. En cambio, el reaseguro es un seguro del seguro, donde generalmente intervienen empresas internacionales y grandes entidades financieras. “En nuestro país no hay reaseguradoras para un hecho catastrófico o situaciones inesperadas. Por eso muchos riesgos se colocan en el mercado internacional”, explica un empresario que está en el rubro hace más de tres décadas.
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La herramienta muchas veces se desnaturaliza, dejando millonarias comisiones y más brokers beneficiados. “Hay casos que no necesitan reaseguro pero se usan igual. En lugar de tomar un coaseguro en el país, acuden a las casas matrices en el exterior. Eso se hace para sacar dólares al valor oficial que luego vuelven como blue. Por otro lado tienen una muy baja presión tributaria (ganancia presunta 3,5%) contra el 35% que deberían pagar acá por ganancias”, revela otra fuente del mercado de seguros.
Ercolini no sólo pidió la lista de empresas sino también “la nómina de los productores asesores de seguros (directos u organizadores) que participaron en las operaciones” con Nación Seguros a partir del decreto 823/2021, que obligó a todas las reparticiones públicas a contratar con esa firma.
Esa norma sería el puntapié de la maniobra. Sin embargo, el ex presidente dijo esta semana que ese decreto “terminó el negocito” de algunos. “En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación Seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno”, sostuvo en declaraciones a La Red.
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Fernández hasta ahora solo se defendió en público pero no se presentó en Comodoro Py. El que sí se presentó este viernes es Juan Manuel Manganaro, presidente del Grupo Gaman, quien descartó tener vínculos comerciales con el Estado. El broker apareció mencionado en el dictamen del fiscal González como “acreedor de Alberto Fernández”, pero no figura en las últimas declaraciones juradas del ex presidente.
“No conozco al ex presidente, ni tuve, ni tengo relación personal o comercial con él, ni con los demás brokers de seguros mencionados en las distintas publicaciones periodísticas ni comparto con ellos relación comercial alguna”, dice el escrito presentado por Manganaro al que tuvo acceso este medio.
El broker que aparece en las últimas declaraciones juradas es Martínez Sosa. Alberto Fernández dijo esta semana, en declaraciones al diario La Nación, que el marido de su secretaria le prestó USD 20 mil. La deuda, sin embargo, se mantuvo intacta desde que asumió como presidente: $102.240. Los cuatro años repitió la misma cifra y el mismo supuesto acreedor.
La empresa de Martínez Sosa tiene más de 50 años en el mercado. Comenzó en Buenos Aires pero rápidamente se instaló en Río Grande (Tierra del Fuego), donde obtuvo monopolio de los seguros durante al menos dos gestiones. Primero fue elegido como intermediario en el gobierno de Jorge Colazzo. “A fines de 2008, durante el gobierno de Fabiana Ríos, se dio de baja esa contratación y recibimos todo tipo de presiones”, recordó un ex funcionario.
En 2020, el gobernador Gustavo Melella firmó un contrato de asesoramiento con el broker y le cedió nuevamente el control de todos los seguros. Esa relación se mantiene en la actualidad.
Su vínculo con Alberto Fernández no era un misterio. De hecho, todos los actores del sector lo ubican entre los tres principales brokers que negocian con el Estado.
La Justicia comenzó a investigar esa trama, pero ya puso la lupa sobre los reaseguros. “Si bien son un instrumento técnico para mantener la solvencia de las aseguradoras y necesarios para las coberturas cuya capacidad o solvencia son insuficientes en el mercado local, también son en muchos casos un gran vehículo para maniobras financieras muy polémicas”, advierte uno de los tantos empresarios que siguen de cerca el desarrollo de la investigación.