El lunes, Mario Villar había pedido agravar la pena contra la ex presidenta y condenarla a 12 años de prisión. Hoy, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, recusó al funcionario judicial y también al magistrado Diego Barroetaveña.
Cristina Kirchner decidió este miércoles mover las fichas de su estrategia ante la Cámara Federal de Casación Penal que ya comenzó a revisar su condena a seis años de prisión por corrupción: la defensa de la ex presidenta pidió este miércoles apartar al fiscal Mario Villar que, el lunes pasado, había pedido agravar su sentencia y condenarla a 12 años de prisión por asociación ilícita, revelaron fuentes judiciales. También reclamó recusar al juez Diego Barroetaveña, quien junto a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky están a cargo del tribunal de revisar la causa por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La defensa sostuvo que existen “circunstancias objetivas” que ponen en crisis la objetividad del fiscal y la imparcialidad de Barroetaveña. Y, en ese contexto, reclamó suspender las audiencias que ya están en marcha para resolver sobre si se confirma, se revoca o se modifica la sentencia contra CFK, Lázaro Báez y el resto de los ex funcionarios investigados. “A fin de evitar posibles nulidades, respetuosamente solicitamos que se suspendan las audiencias fijadas en autos en los términos previstos en el art. 465 in fine del CPPN, hasta tanto el presente planteo sea resuelto por sentencia firme”, se sostuvo.
El eje de la discusión es cuántas asociaciones ilícitas integró Cristina Kirchner, sostuvo la defensa, al denunciar que el Ministerio Público Fiscal abrazó “posiciones acusatorias inconsistentes, por resultar contrarias a sus propios acto”. Ante esto, expuso los diferentes criterios que se tuvieron en la causa Vialidad y en la causa Hotesur-Los Sauces.
A lo largo de 18 páginas, la defensa repasó que “Cristina Fernández de Kirchner ha sido imputada en orden al presunto delito de asociación ilícita en diversos expedientes en trámite por ante este fuero federal”, como la causa “Vialidad” y las causas conocidas como “Hotesur” y “Los Sauces”. “A raíz de esta situación, en todos estos procesos se generaron incidencias en las cuales se debatió, por un lado, si la declamada asociación ilícita habría sido una sola o si se trataría de dos supuestas bandas distintas e independientes y, por el otro, si se verificaba o no una situación de litispendencia, a raíz de la multiplicación de una misma imputación”, agregaron.
Beraldi recordó el sobreseimiento en la causa Hotesur-Los Sauces en 2021 dictado por mayoría por parte del Tribunal Oral Federal 5. Y también la apelación del Ministerio Público en donde intervino Mario Villar, respaldando a la postura del fiscal de juicio Diego Velasco. El sobreseimiento fue revocado el año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes ordenaron llevar adelante el juicio oral que había quedado suspendido.
En otra parte de sus fundamentos, también recordó que el 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 condenó por mayoría a Cristina Fernández de Kirchner en orden al delito de defraudación en contra de la administración pública y la absolvió por el delito de asociación ilícita por el cual también fuera acusada. Y allí se sostuvo que la fiscalía no había logrado acreditar dos de los presupuestos objetivos de la figura tipificada por el art. 210 del Código Penal: la existencia de una pluralidad indeterminada de planes delictivos y de un acuerdo de voluntades entre tres o más personas.