Se trata del Fondo de Integración Socio Urbana. Alberto Fernández había prometido urbanizar 400 zonas vulnerables por año. La explicación de Grabois.
El Gobierno de Javier Milei puso la lupa sobre el Fondo de Integración Socio Urbana, que tiene por objetivo financiar proyectos de urbanización de barrios populares de todo el país. Durante los años en los que Alberto Fernández estuvo en el poder, Fernanda Miño, una dirigente cercana a Juan Grabois, estuvo a cargo de ese fideicomiso.
La actual gestión iniciará un relevamiento de la cantidad total de obras que se hicieron en barrios populares y el dinero que se envió para la ejecución de los proyectos. Según la Ley 27.453, los proyectos debían adjudicarse en un 25% a cooperativas o grupos asociados a la economía popular, por lo que también se pondrá el ojo en aquellas organizaciones que podrían responder a Grabois y recibieron miles de millones.
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Según datos oficiales a los que accedió TN, a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se aprobaron 1395 obras de infraestructura urbana (1278) y desarrollo de lotes con servicios (117), de las que solo se terminaron 474, es decir, el 34%. Ante la Asamblea Legislativa de 2021, el expresidente Alberto Fernández había prometido urbanizar 400 barrios, pero dijo que esa acción debía sostenerse por al menos una década.
“Con la constitución del fideicomiso, empezamos un proceso de urbanización que va a ser la política más relevante de los próximos años. Tenemos el objetivo de ir urbanizando de a 400 barrios por año. Este es un proceso de 10 años, una verdadera política de Estado que comenzamos hoy”, había dicho el exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
El fondo vinculado a Grabois en la mira: solo terminó el 34% de las obras de infraestructura en barrios populares
Además, TN pudo saber que respecto al resto de las obras, solo el 24% tiene un avance superior al 50% (330 proyectos de los 1395). El resto está lejos de terminarse: el 42% se inició recién en el año 2023, por lo que tienen poco avance físico.
Cantidad de obras aprobadas por año:
2021: 156 obras.
2022: 427 obras.
2023: 585 obras.
Para hacer estas obras en barrios populares, el FISU se nutrió de un 15% de lo recaudado por el Fondo de Integración Socio Urbana y de un 9% de lo que mensualmente se obtiene del Impuesto PAÍS. Los datos que obtuvo TN muestran que la cantidad total de plata que el FISU pagó para las obras de Infraestructura y el programa Mi Pieza, a través del que se hicieron más de 200 mil obras de mejoramiento de techo, pared, piso, ampliación de vivienda, ascendía a $401.869.400.652.
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Con base en documentos oficiales, este medio pudo saber que para las obras de Infraestructura (tanto el 34% finalizado como las que quedaron en ejecución) se enviaron unos $222.762.021.446. Estos proyectos se realizan a través de entes ejecutores, que en algunos casos pueden ser provincias, municipios o cooperativos o asociaciones. El FISU financia y luego estos últimos deben realizar la obra.
En los registros que analizó este sitio, obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública, hay al menos 300 obras que a mitad del año pasado no habían comenzado, además otras 79 que ya figuraban en ejecución, pero estaban en un 0% en agosto. Este no es un detalle menor ya que muchos de estos debían estar listas para 2023, lo que finalmente no ocurrió.
Luego de que se conociera que la gestión de Milei va a auditar el FISU, la extitular de la Secretaría de Integración Socio Urbana Fernanda Miño realizó un descargo en las redes sociales en las que negó irregularidades y aseguró que se impulsaron más de 1000 obras de agua, cloaca, electricidad, calles, veredas y lotes con servicios. “Cientos de esas obras se terminaron y otras cientos están en peligro de no terminarse porque el gobierno no se decide aún a continuarlas”, dijo.
Las obras en barrios populares se financiaron a través del Impuesto a la Riqueza y del Impuesto PAÍS
En el listado al que accedió TN hay casos de obras que presentaban enormes retrasos. En Esteban Echeverría el municipio debía realizar la demolición y cicatrización de viviendas, equipamiento comunitario e infraestructura de agua y cloaca. La obra debía comenzar en abril de 2023 y terminar en octubre del año pasado. A agosto el avance era del 0% pese a que el FISU ya había enviado más de $377 millones.
Algo similar ocurrió en Zárate, donde se debían realizar dos proyectos de red eléctrica, alumbrado público y conexiones domiciliarias. Todo a cargo de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate. Una obra debía terminarse en agosto de 2023 y la otra en septiembre. Sin embargo, para esa fecha estaban en un cero por ciento de avance físico. A la cooperativa le transfirieron casi $80 millones.
El caso de La Rubita, en Chaco: prometieron 165 casas y solo terminaron 15
Telenoche realizó un informe en el que mostró cómo en el barrio La Rubita, en Resistencia, Chaco, se prometieron 165 casas, cloacas, asfalto y otras obras de mejora para el lugar, pero solo se terminaron 15 de las viviendas. A los vecinos les entregaron casas sin techo, solo el esqueleto.
A través del FISU también se compraron lotes para construcción de viviendas y se financiaron proyectos de playones deportivos, arbolado; centros verdes; obras de espacio recreativo, como el que realiza la cooperativa de Trabajo Fuerza y Trabajo Limitada en Esteban Echeverría, que debía estar lista en agosto de 2023. La obra estaba en ese mes al 7,4% con más de $16 millones enviados.
La auditoría que comenzará en la Secretaría de Integración Socio Urbana podrá establecer de qué manera se utilizó el dinero y si Juan Grabois o Miño financiaron proyectos de cooperativas cercanas que nunca se terminaron.
El descargo de Juan Grabois y Fernanda Miño
TN se comunicó con el entorno de Juan Grabois y Fernanda Miño y los consultó sobre el porcentaje de culminación de las obras. “El FISU se puso en funcionamiento a fines del 2020. El impuesto de las grandes fortunas entro en el 2021, y el impuesto PAIS fue creciendo más adelante. Por eso, muchas obras empezaron en el 2023, o quedaron con el pago hecho o en proceso de licitación durante el cambio de gobierno. Una licitación dura de mínimo tres meses, en muchas provincias 6. Eso es normal. Y realmente teniendo en cuenta los niveles de inflación que hay que complica toda la obra pública, el ritmo de ejecución era bueno”, explicaron.