El expresidente de Bolivia se refirió a la detención de Jeanine Áñez junto a varios de sus colaboradores políticos y militares.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió este sábado "que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura", tras la detención de la exmandataria de facto Jeanine Áñez, que asumió en el Gobierno tras su derrocamiento en noviembre de 2019.
"Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia", tuiteó el dirigente del MAS.
Por justicia y verdad para las 36 vÃctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economÃa y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 13, 2021
Áñez fue aprehendida esta madrugada en su domicilio en la localidad de Trinidad y trasladada a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares.
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La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de arresto en contra de Añez y sus ministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo Guzmán, en el marco de la investigación por el golpe de Estado en 2019.
De acuerdo con la orden judicial, existen los suficientes elementos de convicción respecto a la probable participación de los sindicados en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, precisó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Por su parte, la expresidenta de facto denunció en las redes sociales "un acto de abuso y persecución política".
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El Gobierno "me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió", añadió Áñez en su cuenta de Twitter.
Ayer a la noche, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.