Cuatro presos sobrevivientes de la masacre en la cárcel fueron asesinados en traslado.
Cuatro presos fueron asesinados cuando eran trasladados desde la cárcel donde se produjo la masacre de otros 58 reclusos, en Altamira, estado de Pará, norte amazónico de Brasil, a bordo de un vehículo penitenciario, informaron hoy las autoridades.
De esta forma, ascendió a 62 la cifra de muertos producto de la guerra entre bandas que controlan presidios y el tráfico de drogas en la región amazónica, punto clave para el traslado de cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia hacia los puertos brasileños en el Atlántico.
"Son problemas que ocurren", dijo el presidente Jair Bolsonaro sobre estos cuatro decesos, tras lo cual afirmó que está a favor de la penitenciarias agrarias con trabajo forzado "a ejemplo de Estados Unidos", que están prohibidas en Brasil.
El horror de la masacre del pasado lunes en el Centro de Recuperación de la ciudad de Altamira continuó con el traslado de presos determinado por las autoridades para detener el choque entre bandas criminales.
En un camión jaula donde eran trasladados 30 presos, cuatro de ellos fueron asesinados asfixiados cuando iban camino a la ciudad de Marabá, a 600 kilómetros, informó la oficina de prensa del gobernador Helder Barbalho.
De acuerdo con las autoridades, el motín del lunes fue motivado por una pelea entre las bandas criminales Comando Classe A (CCA) y el Comando Vermelho (CV, Comando Rojo), que pugnan por reclutar presos a sus filas y controlar el tráfico de drogas y armas.
Las autoridades penitenciarias informaron el martes por la noche que habían encontrado un cadáver más, con lo cual dentro del presidio los muertos habían ascendido a 58.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, anunció el envío de tropas federales para permitir ayuda en el sistema penitenciario del estado de Pará, ubicado en el norte amazónico y considerado como parte de la ruta por la cual se trafica hacia Europa la droga producida en los vecinos andinos.
En el estado central de Goiania, donde participó de un acto oficial, Bolsonaro dijo que su idea es instalar un sistema de trabajo forzado, algo que actualmente está prohibido por la Constitución.
"Sueño con un presidio agrícola, es una cláusula pétrea (de la Constitución) pero me gustaría el trabajo forzado para este tipo de gente en Brasil. Nadie quiere maltratar presos ni que sean asesinados, pero es el hábitat de ellos".
De los 62 muertos, 16 fueron decapitados dentro de un pabellón invadido por los capos del Comando Classe A, una de las bandas que se disputa el tráfico en la región.
Las dos más grandes de Brasil son el Comando Vermelho, que domina desde los años ochenta parte de las favelas cariocas y tiene en prisión a su máximo capo, Fernandinho Beira Mar, y el Primer Comanndo de la Capital (PCC), banda paulista con control de la marihuana en el norte de Paraguay, cuyo jefe también está preso, Marcos Willian Camacho, alias "Marcola".
Altamira se encuentra entre las diez ciudades más violentas de Brasil: la región del sudoeste de Pará es conocida como el 'far west' de Brasil por las disputas de tierras.
Desde 2011, la región tuvo un salto demográfico con la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte en el Rio Xingú, la tercera usina más agrande del mundo detrás de la china Tres Gargantas y la binacional brasileño paraguaya de Itaipú.
El obispo emérito de Xingú, Erwin Krautler, de 80 años y residente de Altamira desde 1965, fustigó a Bolsonaro por haber dicho que hay que preguntar qué sentían sobre las muertes a las supuestas víctimas de los presos asesinados.
"Esto no es una respuesta que un presidente debe dar a las familias, cada preso tiene madre, padre, las madres están llorando", dijo al diario Folha de Sao Paulo el líder católico de la región.
Según Krautler, nacido en Austria, el discurso de Bolsonaro "es preocupante porque instalada la idea de bandido bueno es el bandido muerto" y sostuvo que en general la sociedad perdió sensibilidad frente a estos episodios.
"Parece que se pisa en una cucaracha muerta, mucha gente se acostumbra y termina ni siendo noticia", objetó.
El obispo fue un férreo opositor a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte durante el gobierno de Dilma Rousseff y de la instalación de la carretera Transamazónica durante la dictadura militar por el caos social y crecimiento desordenado que generaron ambos proyectos.
"Altamira se convirtió en un escenario de agresiones", subrayó.