El Gobierno acordó con empresarios combatir el contrabando y controlar las ventas online

El Gobierno firmó acuerdos con las principales cámaras empresarias y plataformas de comercio electrónico para combatir el contrabando y detectar irregularidades en la comercialización de productos importados. La iniciativa apunta especialmente a las ventas de celulares, notebooks, cosméticos, juguetes y neumáticos, cinco categorías en las que el Ministerio de Economía buscará identificar mercadería que ingresa al país de manera ilegal.

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Los convenios permitirán que empresas como Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar compartan información sobre los principales vendedores de esos productos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cruzará los datos para detectar inconsistencias y posibles infracciones. Los controles podrán derivar en el retiro de mercadería del mercado, la suspensión de su comercialización y la intervención de la justicia.

La medida se enmarca en los reclamos de distintos sectores industriales por el avance de la competencia ilegal, especialmente a través de plataformas digitales y redes sociales. Según datos difundidos por la Unión Industrial Argentina (UIA), seis de cada diez empresas industriales sufren las consecuencias del comercio desleal y cuatro de cada diez enfrentan competencia ilegal en canales de venta electrónicos.

La entidad empresaria estima que el comercio ilícito representa alrededor del 5% del PBI y provoca una pérdida de recaudación de US$2300 millones anuales. Con esos números, la industria —que genera 1,2 millones de empleos formales y aporta más de la cuarta parte de la recaudación nacional de impuestos— busca reforzar los mecanismos de fiscalización sobre productos que compiten con la fabricación nacional sin cumplir las mismas obligaciones tributarias y regulatorias.

Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), el comercio ilegal provocaría este año una pérdida fiscal de US$3000 millones y la destrucción de unos 11.000 puestos de trabajo. “Hoy, uno de cada tres celulares que ingresa en la Argentina no ingresó legalmente y no se fabricó en el país”, señaló la directora ejecutiva de la cámara, Ana Vainman, a principios de mes en una entrevista con TN.

La Secretaría de Industria, Comercio y PyME, dependiente del Ministerio de Economía, firmó convenios con la UIA, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores (CIRA), Afarte y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

El esquema establece un intercambio de información entre el sector privado y el Estado para identificar vendedores y operaciones sospechosas. En el caso de Meta, la empresa se comprometió a dar de baja los sitios denunciados en Facebook e Instagram, mientras que las demás plataformas aportarán datos sobre los principales oferentes en las categorías seleccionadas.

Los procedimientos se desarrollarán bajo el Protocolo de Vigilancia de Mercado, aprobado mediante la Resolución 56/2026, que establece mecanismos para controlar el cumplimiento de las normas de seguridad, calidad e información de los productos comercializados en el país.

Además, las empresas deberán realizar campañas destinadas a sus vendedores y proveedores para informarles sobre las obligaciones vigentes, especialmente las relacionadas con el origen de la mercadería.

El acuerdo con la UIA, que firmaron su presidente, Martín Rappallini, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, contempla controles sobre los puntos de venta físicos y mecanismos para detectar contrabando, falsificación de marcas y mercadería que no cumple con las normas vigentes.

“El comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores. La industria, que cumple con todas las normas, no puede competir con productos que ingresan o se venden por fuera de la ley”, sostuvo Rappallini.

La preocupación industrial también alcanza al funcionamiento del sistema de importaciones. La UIA propone revisar las condiciones de los envíos por courier, reforzar la fiscalización sobre mayoristas y centros de distribución e incorporar herramientas tecnológicas para detectar operaciones de subfacturación.

El convenio establece un plan de trabajo semestral, con seguimiento trimestral de las denuncias y de las medidas implementadas. También permite sumar a organismos como Aduana, Defensa de la Competencia, ANMAT, SENASA y las fuerzas federales de seguridad.