La justicia de Catamarca suspende nuevo régimen penal juvenil por 60 días

En un fallo reciente, la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ha dictado una medida cautelar que suspende por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Catamarca. Esta decisión surge a raíz de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en defensa de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad.

El eje central de la resolución judicial se basa en la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial, que no están en condiciones de absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación, que disminuye la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, permite judicializar a los jóvenes de esta franja etaria por delitos tipificados en el Código Penal, generando así un impacto significativo en el sistema de justicia.

La jueza Pascual argumentó que esta modificación legal podría resultar en un aumento considerable en el número de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro. Este aumento previsto ha llevado a la magistrada a cuestionar si la provincia de Buenos Aires cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para atender a esta población cumpliendo con los estándares de derechos humanos de la niñez.

La decisión de la jueza Pascual no solo refleja una preocupación por el bienestar de los adolescentes, sino que también pone de relieve la necesidad urgente de revaluar las políticas penales dirigidas a la juventud. La crítica situación de infraestructura y recursos en el sistema penal juvenil puede agravar aún más las condiciones de detención, lo que es incompatible con los derechos humanos fundamentales.

La Federación Familia Grande Hogar de Cristo ha destacado la importancia de garantizar un tratamiento adecuado y humano para los adolescentes en conflicto con la ley. La organización ha abogado por un enfoque que priorice la rehabilitación y reintegración social de los jóvenes, en vez de una mera respuesta punitiva que perpetúe ciclos de violencia y criminalidad.

Este fallo judicial plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de los menores y su capacidad para implementar un sistema penal que no solo sea efectivo, sino también justo y humano. La comunidad espera que esta suspensión conduzca a un análisis más profundo de las políticas vigentes y a un compromiso real por parte de las autoridades para mejorar las condiciones del sistema penal juvenil.