Nuevo revés para los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte rechazó su reclamo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. En esta oportunidad, el reclamo estaba vinculado con una denuncia penal contra la fiscal Verónica Zamboni y otros funcionarios judiciales, a quienes la defensa atribuía presuntas irregularidades durante las primeras actuaciones de la investigación.

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La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación necesarios y que no refutaba de manera adecuada los argumentos de la resolución cuestionada.

La presentación había sido impulsada por el abogado Hugo Tomei, quien representó a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Los condenados cuestionaban las condiciones en las que se realizaron las declaraciones indagatorias durante las primeras horas posteriores al asesinato.

Qué denunciaron los condenados

La defensa sostuvo que, durante las indagatorias, no se les habrían comunicado adecuadamente los hechos atribuidos ni las pruebas reunidas en su contra. También cuestionó las circunstancias en las que se confeccionaron y firmaron las actas de esas declaraciones.

Según el planteo, existían inconsistencias en los horarios registrados y dudas sobre el cumplimiento de las formalidades previstas en el Código Procesal Penal bonaerense.

A partir de esos cuestionamientos, Tomei promovió una denuncia penal por presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

Entre los denunciados se encontraban Zamboni, quien estuvo a cargo de la investigación del homicidio; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; y el juez de Garantías David Mancinelli, además de otros funcionarios judiciales.

La denuncia fue desestimada por falta de dolo y tampoco prosperaron otros pedidos de prueba formulados por la defensa. Desde entonces, el expediente recorrió distintas instancias judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema nacional.

El recorrido judicial del reclamo

En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores había permitido que los rugbiers fueran considerados particulares damnificados dentro de la denuncia contra los funcionarios judiciales, lo que les otorgó la posibilidad de intervenir formalmente como denunciantes.

Sin embargo, la investigación no avanzó. La desestimación fue confirmada en distintas instancias y también fueron rechazados los planteos posteriores de la defensa, entre ellos cuestionamientos al procedimiento de revisión de la denuncia.

En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó un recurso de queja y, en abril de 2026, denegó otra presentación extraordinaria. Finalmente, el expediente llegó al máximo tribunal nacional, que ahora desestimó el reclamo por deficiencias en su fundamentación.

La decisión de la Corte Suprema no implica una nueva revisión de las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa, sino que se refiere exclusivamente a la denuncia que los siete condenados habían promovido contra funcionarios judiciales.

Las condenas por el crimen de Fernando Báez Sosa

Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, luego de ser atacado a golpes por un grupo de jóvenes.

En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi a prisión perpetua como coautores del homicidio.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.

En marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque modificó la calificación legal al descartar la agravante de alevosía y mantener la del concurso premeditado de dos o más personas.

Desde entonces, las defensas impulsaron distintos recursos para cuestionar las decisiones judiciales. El nuevo rechazo de la Corte Suprema representa otro revés en ese recorrido, aunque esta resolución corresponde a una causa independiente de la que se tramita por el homicidio.