La Casa Rosada negocia alianzas políticas a cambio de compromisos para bajar impuestos y avanzar con desregulaciones. El objetivo es dar previsibilidad a los mercados, reunir votos para la reforma electoral y suspender las PASO.
El Gobierno de Javier Milei intensificó las conversaciones con los gobernadores para construir acuerdos políticos que le permitan sostener su programa económico más allá de las elecciones de 2027. La estrategia apunta a ampliar los respaldos legislativos, avanzar con la reforma electoral y transmitir a los mercados señales de continuidad del rumbo económico.
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En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó a cargo de profundizar el diálogo con los mandatarios provinciales, mientras que la conducción de La Libertad Avanza busca sumar apoyos en el Congreso. La Casa Rosada considera que una alianza con sectores del centro y la derecha podría fortalecer sus posibilidades electorales y reducir la incertidumbre sobre el futuro de las políticas económicas.
Uno de los principales objetivos es conseguir los votos necesarios para modificar la legislación electoral y eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Las negociaciones también contemplan cambios en el proyecto de reforma política y posibles entendimientos para evitar una competencia intensa entre el oficialismo nacional y algunos gobernadores en determinados distritos.
Según trascendió desde el entorno de los negociadores, existen acuerdos de palabra con varios mandatarios, aunque todavía quedan conversaciones pendientes con senadores, especialmente de la Unión Cívica Radical. La intención del Gobierno es cerrar un entendimiento que no se limite al respaldo legislativo, sino que incluya coincidencias programáticas sobre la orientación económica.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, planteó esa posición durante un encuentro político en Tigre, donde sostuvo que los acuerdos deben basarse en agendas comunes que contemplen la baja de impuestos, la desregulación, la seguridad jurídica y la previsibilidad para las inversiones.
A cambio de acompañar la agenda oficial, los gobernadores buscan compromisos concretos en materia tributaria. Entre sus pedidos figuran una reducción progresiva de las retenciones, cambios en el impuesto al cheque y una disminución de las cargas patronales para aliviar los costos de producción y estimular el empleo.
También reclaman que la Nación avance en una discusión más amplia sobre la distribución de la carga fiscal entre los distintos niveles del Estado. En ese marco, algunos mandatarios plantean que las provincias podrían promover acuerdos con los municipios para reducir tasas locales, aunque la concreción de esas medidas dependerá de las negociaciones posteriores.
Las diferencias entre los distritos también pesan en la discusión. Mientras las provincias vinculadas con la actividad hidrocarburífera, minera y agropecuaria encuentran oportunidades en el esquema económico actual, otros distritos con mayor peso industrial buscan medidas que compensen las dificultades que atraviesan sus sectores productivos.
Un caso reciente es el de Neuquén, cuyo gobernador, Rolando Figueroa, anunció una propuesta para eliminar en 2028 el impuesto a los Ingresos Brutos para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo. La iniciativa se conoció días antes de la visita prevista de Milei a la provincia, donde participará de la inauguración de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa participando de reuniones con gobernadores para discutir la situación fiscal y las perspectivas económicas. Junto con Santilli, tiene prevista una presentación en la Conferencia de Federalismo Fiscal, programada para el 14 de octubre, en la que también participarán mandatarios provinciales.
Mientras se desarrollan esas conversaciones, el Gobierno sigue de cerca la evolución de los indicadores económicos. El dato de inflación de septiembre, cuya publicación está prevista para el martes, será uno de los principales puntos de atención, luego de que la Ciudad de Buenos Aires registrara una leve aceleración de los precios durante ese mes.
La inflación es un factor central para las expectativas oficiales, que apuntan a una recuperación de los salarios, el crédito y la inversión. Sin embargo, esas metas también dependen de la estabilidad financiera y de la percepción de los mercados sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones.
En ese contexto, el riesgo país y la acumulación de reservas aparecen como variables relevantes para el Gobierno. Desde el entorno presidencial sostienen que una mejora en las condiciones externas, junto con una evolución favorable de la recaudación y las reservas, podría contribuir a reducir el costo del financiamiento.
La estrategia política y económica, por lo tanto, avanza en paralelo: mientras Milei busca consolidar respaldos para su eventual reelección, la Casa Rosada intenta que los acuerdos con los gobernadores se traduzcan en votos legislativos y compromisos concretos para sostener la orientación económica del Gobierno.