Un hombre en Salta fue condenado a seis meses y 15 días de prisión condicional tras amenazar a su expareja y desobedecer órdenes judiciales de restricción.
Un hombre de 46 años ha sido condenado en Salta a una pena de seis meses y 15 días de prisión de ejecución condicional por la comisión de dos hechos de amenazas y tres de desobediencia judicial contra su expareja, quien también tiene 46 años. Esta condena se dictó tras un reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado, quien además pidió disculpas a la víctima y aceptó un acuerdo de juicio abreviado.
La jueza del Distrito Centro, Silvia García Tabera, homologó el acuerdo y, además, impuso una serie de reglas de conducta que el condenado deberá seguir durante un período de dos años. La causa incluye episodios que ocurrieron entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, donde el hombre incumplió repetidamente las medidas de protección que habían sido establecidas para garantizar la seguridad de su expareja.
La acusación fue presentada por el auxiliar fiscal de Cerrillos, Roque López Hinojo, bajo la dirección de la fiscal penal interina Verónica Simesen de Bielke, quien actuó en representación del Ministerio Público Fiscal. La mujer, que se constituyó como querellante, dio su conformidad al acuerdo alcanzado durante la audiencia.
Desde el inicio de la investigación, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3 había implementado medidas de protección para la víctima, incluyendo la exclusión del hombre del hogar y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros, así como la prohibición de ejercer actos de violencia.
A pesar de estar debidamente notificado sobre estas restricciones, el hombre las incumplió en varias ocasiones, presentándose en el domicilio de la mujer. En algunos de esos momentos críticos, la víctima se vio obligada a activar el botón antipánico y solicitar la intervención de las fuerzas policiales.
El último incidente se produjo el 22 de septiembre, cuando el condenado volvió a amenazar a la mujer en su propia casa, y posteriormente ingresó al inmueble, a pesar de la prohibición judicial. En respuesta a esta situación, la víctima activó nuevamente el botón antipánico, lo que llevó a la intervención policial.
Además de la pena de prisión condicional, el tribunal ha establecido medidas adicionales para garantizar la seguridad de la víctima. Entre ellas, se incluye la incorporación del condenado al sistema SUMA, que tiene como objetivo reforzar la protección de la mujer y asegurar el cumplimiento de la restricción de acercamiento. Hasta que este sistema esté plenamente operativo, se ha ordenado que la víctima disponga de una consigna policial permanente para asegurar su protección.