El Gobierno busca mantener la disciplina fiscal y monetaria pese a las señales de desaceleración de la actividad.
La economía argentina atraviesa semanas en las que la defensa del programa de Javier Milei convive con señales de preocupación por la actividad, el contexto internacional y las tensiones dentro del propio Gobierno. El Presidente volvió a reivindicar su estrategia durante su visita a Nueva York, mientras distintos sectores de su administración discuten qué medidas adoptar frente a un escenario que podría incluir una desaceleración económica.
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Un empresario con actividad en Buenos Aires y Washington recordó una reunión mantenida con Milei en 2023, poco después de las elecciones PASO. En aquel encuentro, uno de los presentes le preguntó si tenía previsto dolarizar la economía. La respuesta, según el relato, fue negativa. El empresario sostiene que Milei ya sabía entonces que algunas de sus propuestas originales tenían restricciones para ser implementadas y que, por eso, buscaba avanzar inicialmente con modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central.
En esa línea, el empresario considera que el mantenimiento del equilibrio fiscal constituye actualmente uno de los principales elementos de la estrategia oficial. Sin embargo, también observa con atención algunos indicadores que podrían condicionar el panorama económico durante los próximos meses.
Durante su reciente estadía en Nueva York, Milei defendió públicamente el rumbo de su gestión y sostuvo que las restricciones cambiarias para las empresas serán levantadas cuando considere que están dadas las condiciones. En una actividad organizada por The Economic Club of New York, también relativizó las señales vinculadas al empleo y aseguró que se están generando puestos de trabajo, aunque principalmente en el sector informal.
Ante una eventual caída de la actividad, el Presidente también sostuvo que no considera determinante atravesar una etapa de recesión, al argumentar que la tendencia de crecimiento de la economía continúa.
Los últimos datos oficiales muestran un escenario que combina crecimiento interanual con una baja trimestral. Según el INDEC, el PIB del segundo trimestre de 2026 aumentó 2% respecto del mismo período de 2025, aunque la medición desestacionalizada mostró una caída de 0,6% frente al primer trimestre.
En el equipo económico intentan relativizar la posibilidad de una recesión técnica y proyectan una recuperación impulsada por la mejora de los salarios reales, el crédito, las exportaciones y una eventual reactivación de la inversión.
Al mismo tiempo, el Gobierno reconoce que el escenario internacional representa un desafío adicional. El aumento de los precios de la energía y de las tasas de interés internacionales genera un impacto directo sobre la economía argentina, aunque dentro del oficialismo destacan que el país cuenta con una cobertura natural por su perfil exportador de hidrocarburos y las perspectivas vinculadas al gas natural licuado.
El incremento internacional de los combustibles también comenzó a trasladarse a los precios internos. Axion, Puma y Raízen aplicaron aumentos promedio cercanos al 3%, mientras que YPF incrementó alrededor de 1% sus precios en todo el país.
En paralelo, algunos gobernadores comenzaron a analizar una disputa vinculada al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). El objetivo que plantean es que los fondos recaudados tengan una aplicación obligatoria en obras viales y que no puedan utilizarse para mejorar el resultado fiscal.
Otro de los debates que atraviesan al Gobierno está relacionado con la política monetaria. Mientras algunos funcionarios plantean la posibilidad de una estrategia más flexible, desde el Ministerio de Economía rechazan esa alternativa y sostienen que la prioridad continúa siendo mantener una política monetaria restrictiva para terminar de reducir la inflación.
La discusión económica se superpone con una interna política que comenzó a adquirir mayor intensidad: el proyecto de Discapacidad que fue consensuado por el bloque de La Libertad Avanza con sectores aliados.
El sector que responde a Luis Caputo cuestiona el proyecto y sostiene que su implementación tendría un costo que el Estado no puede afrontar, mientras que dirigentes vinculados al ala política de Karina Milei defienden el acuerdo alcanzado en Diputados y aseguran que realizarán modificaciones puntuales si fueran necesarias, pero sin abandonar el entendimiento con los bloques aliados.
La disputa expone una diferencia de criterios dentro del oficialismo: el equipo económico prioriza el impacto fiscal de las medidas, mientras el ala política busca preservar los acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar con iniciativas del Gobierno.
El debate se desarrolla mientras continúa el proceso de revisión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. En marzo de 2026, el Gobierno inició formalmente la conversión de estas prestaciones al régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, con el objetivo declarado de verificar el cumplimiento de los requisitos y ordenar el sistema.
A su vez, el Gobierno informó ante el Congreso que a julio de 2026 había destinado más de $326.305 millones a prestaciones de discapacidad y que se habían regularizado convenios y pagos a prestadores de Incluir Salud.
En medio de esta discusión, también aparecen diferencias respecto de la auditoría de las pensiones y de la cantidad de beneficiarios que permanecen dentro del sistema. Desde el oficialismo sostienen que la revisión busca detectar irregularidades y mejorar los controles, mientras que sectores políticos cuestionan la demora y el impacto de las decisiones judiciales que obligaron a restituir algunas prestaciones.
El escenario político también comienza a mirar hacia las próximas negociaciones parlamentarias. La Libertad Avanza busca ampliar sus alianzas con sectores de centroderecha y gobernadores, con la intención de construir acuerdos que permitan avanzar durante noviembre con la Reforma Política y la eventual suspensión de las PASO.
En ese contexto, el Gobierno analiza sumar a distintos dirigentes a sus conversaciones con mandatarios provinciales y profundizar una estrategia de alianzas. La expectativa oficial es que algunos acuerdos políticos puedan comenzar a conocerse en las próximas semanas.
Dentro de ese esquema también aparece la relación con Patricia Bullrich, cuya posición dentro del espacio oficialista genera interrogantes entre distintos sectores. Mientras algunos dirigentes consideran que la ministra busca ampliar su influencia en el armado electoral, otros plantean que el oficialismo deberá contemplar distintos escenarios para sostener una coalición amplia hacia las próximas elecciones.
Por ahora, Milei mantiene públicamente su respaldo al rumbo fiscal y monetario, mientras en el interior del Gobierno se multiplican las discusiones sobre cómo administrar la desaceleración de la actividad, el impacto del contexto internacional y las demandas políticas que surgen de la negociación parlamentaria.
El desafío para el oficialismo será sostener el equilibrio entre la disciplina económica que reivindica el Presidente y la construcción política necesaria para avanzar con sus próximas reformas, en un escenario donde las diferencias internas comienzan a hacerse cada vez más visibles.