Caso Fürth: aseguran que el desfalco investigado ya generó un perjuicio de $5.300 millones

La causa por el presunto desfalco millonario en Fürth Automotores sumó este martes una audiencia clave, en la que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los tres imputados y la querella expuso el impacto económico que habría generado la maniobra investigada.

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Los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortes sostuvieron que el perjuicio bajo investigación supera los $6.900 millones, mientras que el abogado querellante de la firma, Marcelo Sgoifo, señaló que hasta el momento el descalabro económico ya habría obligado a la empresa a desembolsar alrededor de $5.300 millones.

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Según explicó el representante de la concesionaria, ese monto corresponde principalmente a pagos realizados a Volkswagen por unidades que no habrían ingresado correctamente al circuito comercial de la firma.

Además, indicó que existirían otros 33 vehículos en situaciones irregulares, lo que podría representar a futuro un nuevo desembolso cercano a los $1.000 millones.

La acusación y los vehículos bajo investigación

Durante la audiencia, la Fiscalía planteó que las presuntas maniobras habrían comenzado en 2024 y se habrían extendido hasta el primer semestre de 2026.

La acusación apunta contra Gerardo Caro, ex gerente de la empresa; Matías Llado, ex jefe de Ventas; y Graciela Moyano, ex cajera, quienes están imputados por una presunta asociación ilícita y hechos de estafa en perjuicio de la concesionaria.

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De acuerdo con la querella, tras una revisión realizada por directivos de Volkswagen que llegaron a Santiago del Estero luego de la denuncia presentada, se habría detectado una diferencia entre los vehículos que figuraban como disponibles y aquellos que realmente estaban dentro del stock.

Según Sgoifo, de un supuesto stock de 115 vehículos, solo 23 serían unidades genuinas, mientras que el resto habría correspondido a vehículos entregados con documentación incompleta, operaciones sin respaldo suficiente o fondos que no habrían impactado en el sistema de la empresa.

También mencionó la existencia de unidades con documentación irregular, casos de doble titularidad y situaciones donde habría personas con vehículos pero sin documentación correspondiente, o documentación sin vehículos asociados.

La defensa cuestionó la acusación de asociación ilícita

Durante la audiencia, los abogados defensores rechazaron la imputación de asociación ilícita y cuestionaron el pedido de prisión preventiva.

El abogado de Gerardo Caro, Guillermo Ruiz Alvelda, sostuvo que no existen elementos suficientes para sostener esa figura penal y solicitó la exclusión del agravante de jefe u organizador de la supuesta organización.

Además, pidió la excarcelación de su representado y cuestionó la existencia de indicios que permitan afirmar una planificación conjunta de delitos.

En tanto, la defensa de Graciela Moyano, a cargo de Javier Leiva y Lucas Díaz, planteó la nulidad de la declaración de imputada respecto de la acusación por asociación ilícita, al considerar que no se habría explicado con precisión cuál habría sido su rol dentro de la organización investigada.

Por su parte, el abogado de Matías Llado, Miguel Torres, cuestionó las cifras expuestas y señaló que todavía existe una auditoría en curso dentro de la empresa.

Según expresó, la defensa no cuenta con intervención ni control sobre ese proceso, por lo que consideró que las cifras económicas aún deben ser determinadas con mayor precisión.

Testimonios y movimientos dentro de la empresa

Durante la investigación, distintos testimonios incorporados a la causa describieron el funcionamiento interno de la concesionaria y aportaron datos que ahora son analizados por la Justicia.

Según la acusación, Caro habría tenido un rol central en la toma de decisiones, mientras que Llado habría intervenido en operaciones vinculadas a la venta de vehículos.

Entre los puntos mencionados aparecen supuestas entregas de vehículos por fuera de los procedimientos habituales, operaciones sin documentación completa y movimientos de dinero que no habrían quedado registrados de la manera correspondiente.

La Fiscalía sostiene que ambos imputados habrían actuado de manera coordinada junto con Moyano, mientras que las defensas rechazan esa interpretación y sostienen que no existen pruebas suficientes para configurar una asociación ilícita.

El juez definirá la situación procesal

Juez Gastón Merino

Tras la extensa audiencia, el juez de Control y Garantías con Competencia Juvenil, Gastón Merino, adelantó que resolverá la situación procesal de los imputados durante este miércoles.

La decisión deberá definir si Caro, Llado y Moyano continúan detenidos con prisión preventiva o recuperan la libertad mientras avanza la investigación.

En paralelo, continúa la auditoría interna dentro de Fürth Automotores, cuyos resultados serán considerados como una pieza clave para determinar la magnitud definitiva del perjuicio económico denunciado.