Un padre y su hijo han sido procesados por usurpación de tierras en Tucumán, tras un emprendimiento inmobiliario ilegal en el Parque Sierra de San Javier.
El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ha procesado sin prisión preventiva a un hombre de 66 años y a su hijo de 38, por su implicación en un emprendimiento inmobiliario ilegal denominado 'Las Pirámides', situado dentro del Parque Sierra de San Javier, un área de dominio público que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La decisión fue tomada por el juez Guillermo Díaz Martínez, quien consideró las evidencias presentadas por la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, encabezada por Agustín Chit y la auxiliar fiscal Julia Vitar.
La investigación se inició a raíz de una medida cautelar emitida en diciembre de 2018 por el Juzgado Federal N° 1 que prohibía cualquier construcción en la zona. Sin embargo, se constató que el padre y el hijo continuaron con el desarrollo de su proyecto, lo que resultó en la construcción de al menos 25 viviendas en 2019 y 21 más en 2022, a pesar de las restricciones legales. La fiscalía señaló que estas acciones constituyen usurpación y defraudación.
El juez Díaz Martínez destacó que existían antecedentes penales del padre, P.M.S, quien ya había sido condenado en 2024 a un año de prisión en suspenso por desobediencia a un funcionario público. Además, se impusieron embargos significativos sobre sus bienes, ascendente a 500 millones de pesos para P.M.S y 200 millones para su hijo, M.S.
La investigación reveló un crecimiento alarmante en el consumo eléctrico en el predio, que pasó de 155 kWh en mayo de 2012 a picos de 8627 kWh, evidenciando el desarrollo de las construcciones. Este aumento en el consumo energético coincide con la expansión de las viviendas en el área, lo que refuerza la acusación de actividades ilegales.
El proceso judicial también ha puesto de manifiesto la comercialización fraudulenta de lotes dentro del predio, donde se identificaron al menos 19 boletos de compraventa, muchos de los cuales fueron firmados después de la prohibición judicial. A pesar de que la Dirección Provincial de Catastro había rechazado en 2009 un plano de mensura presentado por P.M.S, él continuó vendiendo los terrenos.
Durante el allanamiento de abril de 2024, se constató que el hijo, M.S, había intentado obstaculizar el ingreso de personal judicial al predio, lo que indica una clara complicidad en las actividades ilegales. La fiscalía ha argumentado que su participación va más allá de ser un mero acompañante familiar y que ha estado involucrado activamente en la operación de venta de terrenos.
El Parque Sierra de San Javier, un área protegida desde 1948 bajo la administración de la UNT, tiene un carácter de bienes de dominio público, lo que agrava la situación legal de los acusados. La universidad se ha comprometido a preservar el área para fines educativos y de conservación ambiental, lo que hace que la usurpación de este espacio sea particularmente grave.