La iniciativa incorporará controles sobre proveedores estratégicos y un régimen para proteger infraestructura crítica. La agenda tecnológica será otro de los puntos del vínculo bilateral.
El Gobierno prepara un nuevo gesto hacia Estados Unidos dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei enviará al Congreso la próxima semana. La Casa Rosada incorporará un marco para proteger la infraestructura crítica y establecer requisitos de seguridad para los proveedores que intervengan en sectores estratégicos, una agenda que la administración de Donald Trump viene impulsando frente a la expansión tecnológica de China.
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La medida no estará limitada a Vaca Muerta ni a la controversia puntual por la presencia de Huawei en Neuquén. En Nación aseguran que el esquema alcanzará a toda la infraestructura que el Estado defina como crítica e incluirá condiciones para proveedores, estándares de ciberseguridad y mecanismos de protección frente a riesgos externos.
El capítulo forma parte de la decisión del Ejecutivo de trasladar su alineamiento con Washington a herramientas concretas de seguridad nacional. En Balcarce 50 sostienen que la intención es profundizar la cooperación tecnológica, militar, energética y de inteligencia y acelerar durante los próximos meses los efectos de la relación política que Milei mantiene con Trump.
La agenda ya tiene movimientos en marcha. En las próximas semanas se espera la llegada a Buenos Aires de funcionarios estadounidenses para mantener reuniones vinculadas específicamente con cuestiones tecnológicas, según anticipan en la Casa Rosada. Los contactos se concentrarán en seguridad de redes, infraestructura sensible, cadenas de suministro y criterios para evaluar proveedores.
Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, también se encuentra en la Argentina con una agenda de reuniones que se mantiene reservada. La funcionaria había estado el jueves con Milei, Karina Milei y Pablo Quirno en Santiago de Chile y su gira oficial por ambos países se extiende hasta este fin de semana. En el Gobierno evitan detallar públicamente sus interlocutores y las actividades previstas en Buenos Aires.
La incorporación de infraestructura crítica al proyecto retoma una discusión que la Casa Rosada había comenzado antes de los anuncios por Malvinas. El Ejecutivo ya analizaba crear requisitos nacionales para los proveedores de redes y centros de datos después de las advertencias estadounidenses por la utilización de equipamiento chino en infraestructura vinculada con Vaca Muerta.
Hasta ahora, esa evaluación contemplaba identificar instalaciones específicas como críticas y establecer condiciones de “proveedor confiable” para quienes suministren tecnología. El nuevo proyecto permitirá darle una dimensión más amplia: la intención oficial es construir un marco transversal para sectores cuya interrupción o vulneración pueda afectar la seguridad, la defensa, la economía o servicios esenciales.
La legislación argentina ya reconoce como áreas críticas la energía, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el transporte, las finanzas, el sector nuclear, el espacio, la salud y otras actividades esenciales. El problema que identifican en el Gobierno es que esa clasificación general todavía no cuenta con un régimen integral que establezca qué activos concretos quedan alcanzados y qué exigencias deben cumplir sus operadores y proveedores.
El antecedente estadounidense tiene un peso directo en la discusión. Washington utiliza mecanismos para identificar equipos y servicios tecnológicos que considera riesgosos para su seguridad nacional y aplica restricciones sobre compañías como Huawei y ZTE en determinadas redes, instalaciones públicas y sistemas críticos. La Casa Rosada analiza adaptar parte de esa lógica al marco argentino, sin replicarlo necesariamente de manera textual.
El proyecto estará estructurado alrededor del Consejo de Seguridad Nacional que Milei anunció durante la cadena por Malvinas. El organismo articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía y definirá una política obligatoria para las distintas áreas del Estado. Tendrá además un marco específico para infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima.
El Presidente también pedirá al Congreso facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. En ese esquema, la evaluación de proveedores dejará de ser exclusivamente una cuestión técnica o comercial y pasará a formar parte del planeamiento estratégico del Ejecutivo.
La iniciativa llega en medio de una escalada entre Washington y Beijing por la tecnología utilizada en la Argentina. Estados Unidos cuestionó públicamente la participación de Huawei y otras compañías chinas en redes sensibles y reclamó avanzar hacia proveedores considerados seguros. China rechazó esos planteos y acusó a la administración Trump de intentar bloquear comercialmente a sus empresas.
La discusión se concentró inicialmente en la relación entre la cooperativa neuquina CALF y Huawei, pero el Gobierno busca evitar que la futura regulación dependa de contratos particulares o de la jurisdicción de una provincia. En Nación sostienen que el instrumento deberá permitir establecer estándares nacionales para cualquier infraestructura que sea considerada estratégica.
El giro se conecta además con la agenda económica y comercial que Milei busca acelerar con Estados Unidos. Las conversaciones bilaterales ya incluyen seguridad de cadenas de suministro, telecomunicaciones, energía, minerales críticos e infraestructura, y la Casa Rosada pretende avanzar en paralelo con los capítulos pendientes del acuerdo comercial firmado en febrero.
El proyecto por Malvinas se convertirá así en un vehículo para una reforma de seguridad nacional mucho más amplia. Además de endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con la explotación de recursos en las islas, el Gobierno buscará regular la infraestructura crítica, fijar requisitos para proveedores y reforzar la ciberseguridad. En Balcarce 50 lo consideran parte de una misma estrategia: fortalecer las capacidades argentinas y profundizar, al mismo tiempo, la convergencia con Estados Unidos en la competencia tecnológica global.