El Gobierno prepara un nuevo decreto para expulsar a extranjeros por discursos de odio e incitación a la violencia

El Gobierno de Javier Milei acelera la elaboración de un nuevo decreto para reglamentar la expulsión de extranjeros que emitan discursos de odio contra argentinos, inciten a la violencia por razones de nacionalidad o ultrajen símbolos patrios.

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La Casa Rosada retomó el trabajo sobre una reglamentación que había quedado pendiente luego de la firma del DNU 681/2026, a fines de julio, mediante el cual el Ejecutivo modificó la Ley de Migraciones e incorporó esas conductas entre los impedimentos para ingresar al país y las causales para cancelar una residencia.

En el Gobierno reconocen que la primera norma ya estableció la facultad legal, pero todavía falta determinar cómo se aplicará en la práctica. La intención es avanzar ahora con una segunda etapa que permita establecer un procedimiento concreto para que Migraciones y las áreas de Seguridad puedan intervenir ante este tipo de situaciones.

El nuevo texto no creará una nueva causal de expulsión, ya que esa posibilidad fue incorporada mediante el DNU firmado por Milei. La reglamentación tendrá como objetivo establecer los mecanismos necesarios para aplicar esa disposición.

Uno de los principales puntos que deberá resolverse es cómo se determinará que una expresión constituye un discurso de odio o una incitación a la violencia alcanzada por la norma.

El esquema que analiza el Ejecutivo contempla utilizar el sistema de alertas migratorias existente, aunque todavía resta definir qué organismo aportará la información, qué tipo de pruebas deberán acompañarla, quién tendrá la responsabilidad de validarlas y cómo se actuará cuando la persona señalada ya se encuentre dentro del territorio argentino.

La reglamentación también deberá contemplar las distintas instancias administrativas y judiciales que correspondan antes de avanzar con una eventual expulsión.

Uno de los aspectos más sensibles de la nueva normativa es la diferencia entre las conductas que podrían generar una consecuencia migratoria y aquellas que están protegidas por la libertad de expresión.

El propio DNU establece que no podrán ser alcanzadas por esta causal las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas constitucionalmente.

Por ese motivo, la reglamentación deberá precisar los criterios que permitirán diferenciar una crítica o manifestación de una conducta que pueda ser considerada una incitación a la violencia o un discurso de odio alcanzado por la legislación migratoria.

En el Ejecutivo reconocen que este punto puede generar planteos judiciales, debido a las consecuencias que podría tener la aplicación de una medida que eventualmente derive en la cancelación de una residencia y la expulsión del país.

La iniciativa forma parte de una política migratoria más restrictiva que el Gobierno comenzó a implementar en 2025.

El DNU 366 modificó las condiciones de ingreso, residencia y expulsión de extranjeros, endureció los impedimentos migratorios y estableció nuevas condiciones para el acceso a determinados servicios públicos por parte de personas que no cuentan con residencia permanente.

También se establecieron modificaciones relacionadas con el acceso a la atención sanitaria. Los extranjeros sin residencia permanente mantienen garantizada la atención ante emergencias, mientras que para la atención habitual en establecimientos nacionales deben contar con un seguro médico o afrontar previamente los costos correspondientes.

El Ministerio de Salud reglamentó durante agosto de este año el procedimiento para aplicar esas disposiciones.

El Ejecutivo también reforzó durante los últimos meses la estructura operativa destinada al control migratorio.

En junio se creó el Programa de Seguridad Migratoria, que dispuso la actualización de los mecanismos de control y estableció unidades específicas dentro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para actuar como auxiliares de la autoridad migratoria.

A esto se sumó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que articula el trabajo de Migraciones con las fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El sistema permite centralizar información relacionada con los movimientos de pasajeros y generar análisis de riesgo y alertas para los controles migratorios y fronterizos.

La política migratoria quedó además bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional desde fines de 2025, cuando Milei transfirió a esa cartera las competencias relacionadas con migración e inmigración y el control de la Dirección Nacional de Migraciones.

Dentro del Gobierno también se había analizado una transformación más profunda de Migraciones, inspirada en parte en el modelo estadounidense, con una estructura de mayor capacidad operativa y herramientas específicas para actuar frente a personas con antecedentes, alertas o irregularidades migratorias.

Ese proyecto no terminó de instrumentarse y, por el momento, el Ejecutivo optó por fortalecer la coordinación entre Migraciones y las fuerzas federales existentes.

En paralelo, se incrementaron los operativos territoriales destinados a detectar extranjeros en situación irregular, con participación conjunta de Migraciones, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA.

Por ahora, el Gobierno no estableció públicamente una fecha para firmar la nueva reglamentación ni difundió un borrador del texto.

El objetivo de la Casa Rosada es completar la instrumentación del DNU 681/2026 y establecer un mecanismo operativo que permita aplicar las nuevas causales en los controles de ingreso al país, en los procedimientos de cancelación de residencias y en eventuales procesos de expulsión.

La principal incógnita será cómo se aplicará la norma sin avanzar sobre expresiones protegidas por la Constitución, un aspecto que podría convertirse en uno de los puntos centrales de la discusión judicial una vez que el nuevo decreto entre en vigencia.