El Gobierno descarta una reforma tributaria integral para este año y la deja como promesa de campaña rumbo a 2027

El Gobierno nacional no tiene previsto impulsar una reforma tributaria integral y todo indica que la reservará como una de las promesas económicas de cara a un eventual segundo mandato de Javier Milei. Según trascendió, en el Ejecutivo consideran que las cuentas públicas aún no ofrecen el margen necesario para avanzar con una reducción estructural de impuestos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.

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Esta definición marca un nuevo corrimiento respecto de la hoja de ruta que la Casa Rosada había manejado durante el último año, en la que se había comprometido con el FMI a presentar el proyecto para fines de 2026. En Nación ya no manejan un escenario en el que el rediseño general del sistema tributario llegue al Congreso, aunque sostienen como objetivo político avanzar hacia una estructura con menos impuestos y menor presión fiscal. "Seguramente como promesa", admiten fuentes oficiales sobre la posibilidad de que la iniciativa quede para después de las elecciones.

El argumento central es fiscal. El último dato disponible, correspondiente a julio, muestra que el Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses del año un superávit primario cercano al 0,9% del PBI, pero un superávit financiero de apenas 0,1% una vez descontado el pago de intereses de la deuda. En julio puntual, el resultado primario fue positivo en $2,96 billones y el financiero cerró con un excedente de $244.897 millones.

El recorrido mensual muestra además un equilibrio con escaso margen para absorber una pérdida permanente de recaudación: superávit financiero de $1,105 billones en enero, $144.421 millones en febrero, $484.789 millones en marzo, $268.103 millones en abril y $478.613 millones en mayo, un déficit de $1,025 billones en junio y el retorno a terreno positivo en julio. El resultado de enero, además, tuvo un componente extraordinario: sin los ingresos por la licitación para la operación privada de centrales hidroeléctricas, el superávit de ese mes habría sido de apenas $65.256 millones, un dato que refuerza la cautela oficial para comprometer bajas impositivas permanentes sobre ingresos que no necesariamente se repiten.

En julio, los ingresos totales del Sector Público Nacional treparon a $17,09 billones, con un crecimiento interanual del 30,4%, mientras que el gasto primario fue de $14,13 billones y avanzó 24,4%. Los recursos tributarios, por su parte, crecieron 29,6%. El resultado positivo dependió, en definitiva, de que el gasto avanzara a un ritmo menor que los ingresos.

A esto se suma que el Gobierno tiene una obligación legal de preservar el equilibrio de las cuentas durante todo 2026: el Presupuesto vigente exige que la Administración Nacional cierre el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario, con una proyección original de excedente de $2,734 billones. Para el equipo económico, bajar de forma permanente impuestos de alta recaudación requiere primero generar un colchón fiscal que compense esa pérdida, un criterio que ya había quedado plasmado en el informe del Consejo de Mayo, que advirtió que reducir impuestos sin bajar al mismo tiempo el gasto público trasladaría el costo fiscal hacia adelante.

La discusión técnica llegó a incluir una simplificación del IVA, cambios en Ganancias, una reforma del Monotributo, la eliminación gradual de Bienes Personales y la transformación del impuesto al cheque en un pago a cuenta hasta su desaparición, además de propuestas para bajar retenciones y coordinar con las provincias cambios en Ingresos Brutos y tasas municipales. Sin embargo, la estrategia fue perdiendo alcance con el correr de los meses: a fines de 2025 se evaluaba dividir la reforma en distintos proyectos, en marzo ya se condicionaba cualquier cambio de fondo a una recuperación de la actividad y la recaudación, y durante el segundo trimestre dejó de existir un calendario concreto para enviar un paquete integral.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó públicamente las futuras bajas de impuestos con la generación de un mayor superávit a partir del crecimiento económico y la formalización, en la idea de que el aumento de la actividad genere los recursos adicionales necesarios para seguir reduciendo la carga tributaria.

Esto no significa que el Gobierno haya descartado reducciones puntuales durante 2027: ya fijó un sendero de baja de derechos de exportación para distintos productos agropecuarios y mantiene la eliminación progresiva de retenciones industriales, con el objetivo declarado de eliminar por completo esos derechos en un eventual segundo mandato.

La diferencia que remarcan en Nación es entre esas rebajas sectoriales y una reforma estructural que modifique de manera simultánea los principales impuestos nacionales, como el impuesto a los débitos y créditos, el IVA y Ganancias, cuya modificación exige definir qué gasto se recorta o qué ingresos alternativos compensan la pérdida. A esto se suma la dimensión federal del problema: la Casa Rosada pretende que cualquier reforma amplia venga acompañada de reducciones de Ingresos Brutos y tasas municipales, lo que requiere un acuerdo con gobernadores e intendentes, un capítulo que el propio Consejo de Mayo dejó fuera de su propuesta central por su complejidad.

Con este panorama, la prioridad oficial pasa por preservar el superávit, ejecutar las reducciones impositivas que ya tienen un sendero definido y utilizar cualquier mejora adicional de la recaudación para avanzar con bajas puntuales, sin poner en riesgo las cuentas públicas.