Empresario condenado por manipular el ADN de su hija en Jujuy

El Tribunal de Familia de la Sala I Vocalía II ha emitido un fallo que condena a un empresario de la noche jujeña por alterar el perfil de ADN de su hija durante más de catorce años, creando así una cruel mentira familiar. Este caso, que ha captado la atención mediática y social, implica la complicidad de su hermano y un laboratorio de la capital, lo que ha llevado a la justicia a tomar medidas severas contra los involucrados.

En el expediente judicial Nº C-298254/26, el tribunal rechazó las excepciones planteadas por la defensa, que intentaron desestimar la competencia del juzgado y la responsabilidad del laboratorio que manipuló los resultados de la prueba genética. La decisión fue unánime y establece un precedente en casos de fraude biológico en el ámbito judicial argentino.

La abogada de la víctima, Victoria Amelia Rodríguez, ha sido clave en la apelación de una decisión anterior que eximía al laboratorio de cualquier responsabilidad. Ella argumentó que la alteración de los resultados no solo afectó la vida de su representada, sino que también constituyó un grave atentado contra su identidad.

Los hechos se remontan a 2002, cuando una joven de 15 años demandó a su padre biológico, un empresario, para que se sometiera a una prueba de ADN. El laboratorio emitió un informe que indicaba que el hermano del demandado era el verdadero padre, lo que llevó a la víctima a vivir bajo una identidad falsa durante años. Sin embargo, pruebas recientes confirmaron que el verdadero progenitor es el empresario, lo que ha permitido que la justicia actúe en consecuencia.

El fallo del Tribunal de Familia, emitido en marzo de 2024, ha revelado la existencia de una falsificación biológica que se utilizó para evadir responsabilidades legales y morales, lo que ha generado un gran revuelo en la comunidad. Este caso plantea serias interrogantes sobre la ética de los laboratorios y la protección de los derechos de las personas involucradas.

En la resolución, la magistrada destacó que esta maniobra de fraude ha causado un daño continuado y permanente a la identidad de la menor. Aseguró que el derecho a la identidad biológica es inalienable y que la acción resarcitoria se mantiene vigente, rechazando de plano la excepción de prescripción presentada por la defensa.

Los abogados Fernando Bóveda y Adrián Iconomovich han llevado el caso al Ministerio Público de la Acusación, estableciendo que se trata de una maniobra planificada de supresión de estado civil, que afecta gravemente a una persona conviviente con discapacidad. Esta situación ha generado tensiones en el ámbito judicial, especialmente tras la desestimación inicial de la denuncia por parte de la fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar, quien alegó prescripción.

Con la reciente resolución, los letrados demandantes tienen la intención de apelar la decisión de la fiscal y solicitar que se promueva una acción penal contra los responsables. Este caso no solo es un llamado a la atención sobre las prácticas de los laboratorios, sino también un recordatorio de la importancia de la justicia en la protección de la identidad y los derechos de las personas.