También sería imputado su socio, el contador José Alberto Zanni.
La fiscal Celia Mussi indagará este lunes a la contadora Nora Isabel Villarroya, en el marco de una compleja investigación por una presunta defraudación en perjuicio de la empresa agropecuaria DEJDE SRL, con sede en Clodomira, departamento Banda.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La audiencia está prevista para las 12 y Villarroya será asistida por el abogado Manuel Francisco Zavalía, mientras que por la parte querellante interviene Gabriel Coronel Chalfón.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por integrantes de la firma, entre ellos la socia Ángela Sánchez, quienes atribuyen a la contadora presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de fondos, bienes y deudas de la empresa. Entre los hechos denunciados figuran supuestas ventas de propiedades y la obtención de préstamos y empréstitos sin la autorización de los socios.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, Sánchez habría otorgado a Villarroya un poder para administrar los bienes de la sociedad. La Fiscalía procura determinar si, a partir de esas facultades, la contadora habría concretado operaciones por varios millones de pesos que excederían las atribuciones conferidas por los socios.
En ese contexto, el juez de Control y Garantías Héctor Salomón había ordenado la detención de Villarroya. Su defensa apeló la medida, pero posteriormente un tribunal superior confirmó lo resuelto y ratificó el pedido de detención.
Finalmente, la contadora se presentó ante la Justicia el 18 de agosto. Al momento de entregarse, según trascendió, manifestó haber sufrido un episodio de pánico que atribuyó a la falta de su medicación psiquiátrica.
Antes de presentarse ante la Justicia, Villarroya había defendido públicamente su actuación y sostuvo que todas las operaciones cuestionadas fueron realizadas en ejercicio de sus funciones y al amparo de tres poderes que, según afirmó, se encontraban vigentes.
Nora Isabel Villarroya.
La contadora negó haber dispuesto irregularmente de los bienes de DEJDE SRL y explicó que las operaciones cuestionadas estuvieron destinadas al pago de deudas contraídas por la propia empresa. También sostuvo que los bienes adquiridos mediante las operaciones fueron registrados a nombre de la firma.
En la misma línea, su abogado Zavalía afirmó que los hechos investigados no configurarían un delito penal y sostuvo que su representada actuó dentro de un mandato y de las facultades que le habían sido delegadas.
La defensa también planteó que la empresa atravesaba dificultades económicas desde hacía tiempo y que esa situación surgiría de informes bancarios y registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Como parte de la investigación, días atrás fue allanado el estudio contable de Villarroya y Zanni, ubicado en un edificio céntrico. Durante el procedimiento, efectivos policiales secuestraron documentación que ahora será incorporada al expediente.
En el operativo también estuvieron presentes directivos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, según trascendió.
La documentación secuestrada quedó bajo análisis de especialistas de Delitos Económicos, quienes deberán examinar información bancaria, balances, movimientos de fondos, giros, facturas, cheques electrónicos y otros registros vinculados con las operaciones de DEJDE SRL.
También indagarían a Zanni
Luego de la audiencia de Villarroya, la Fiscalía tiene previsto avanzar con la indagatoria del contador José Alberto Zanni, quien sería asistido por la abogada Yazmín Julián.
Aunque la investigación se mantiene bajo reserva, trascendió que la Fiscalía analizaría atribuirle una presunta participación en los hechos investigados a partir de su vínculo profesional y societario con Villarroya.
Tras las indagatorias comenzará una etapa de análisis de la documentación incorporada al expediente, con el objetivo de establecer la trazabilidad de los fondos y determinar el alcance de las operaciones cuestionadas.
Por el momento, la investigación busca establecer si las operaciones denunciadas fueron realizadas dentro de las facultades conferidas a los profesionales o si, por el contrario, existieron maniobras que pudieran configurar los delitos que analiza la Fiscalía.