Preparan una profunda reforma del Poder Judicial: reducirán tribunales y crearán nuevos juzgados

Mientras el Gobierno mantiene frenado el envío al Congreso del nuevo Código Penal por diferencias internas, el Ministerio de Justicia avanza en un proyecto de reforma integral del Poder Judicial, que contempla una reorganización de tribunales, la eliminación de algunos juzgados y la creación de nuevas estructuras.

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La iniciativa está siendo revisada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien trabaja en los últimos detalles antes de definir su envío al Congreso.

El eje principal del proyecto será la modificación de la Ley de Organización de la Justicia Federal, con cambios en la cantidad y distribución de juzgados y cámaras. La propuesta también apunta a reducir la cantidad de causas pendientes y limitar el uso de subrogancias.

Uno de los principales cambios previstos alcanza a Comodoro Py, donde el Gobierno analiza reducir de 12 a ocho los juzgados federales de primera instancia.

También se estudia modificar la composición de la Cámara Federal de Casación Penal, que actualmente cuenta con 13 integrantes y podría pasar a tener nueve.

Sin embargo, la reforma no se limitaría a eliminar cargos y tribunales. Desde el entorno que trabaja en la iniciativa explicaron que también está prevista la creación de nuevos juzgados y estructuras judiciales, aunque todavía se encuentran en etapa de definición.

“La propuesta va más allá de eso, no solo se van a cerrar determinados tribunales, sino que también se van a abrir otros. Todo esto se está pensando todavía”, explicó una fuente vinculada al proyecto.

La reorganización también podría generar una disminución de las vacantes dentro del Poder Judicial, uno de los problemas que el Gobierno busca resolver.

La falta de jueces, fiscales y defensores es una de las principales dificultades que enfrenta actualmente la Justicia Federal.

En lo que va del año, el Poder Ejecutivo ya envió 203 pliegos al Senado: 144 correspondientes a jueces, 26 a fiscales, 25 a defensores y cuatro listas de conjueces.

Sin embargo, hasta el momento fueron designados 96 funcionarios, mientras que otros 85 candidatos permanecen a la espera del acuerdo parlamentario.

La Casa Rosada se fijó como objetivo alcanzar unas 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial del 35% inicial al 27%.

En este contexto, la eventual reducción y reorganización de cargos podría contribuir a disminuir la cantidad de puestos sin cubrir.

El proyecto también contempla una nueva distribución de las causas y una reorganización del funcionamiento interno de los tribunales.

Uno de los objetivos es reducir el volumen de expedientes que todavía permanecen en trámite y disminuir el uso de jueces subrogantes, una modalidad que se utiliza para cubrir temporalmente los cargos vacantes.

Además, el Ministerio de Justicia analiza transferir a las provincias los fondos que queden disponibles como consecuencia de la reducción de determinados cargos.

Otro de los objetivos de la administración de Milei continúa siendo el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una discusión que lleva décadas sin resolución definitiva.

Dentro de la reforma existe un punto que el Gobierno analiza especialmente: los juzgados con competencia electoral.

La cuestión adquiere mayor relevancia porque 2027 será un año de elecciones presidenciales y esos tribunales tienen intervención en asuntos clave del proceso electoral.

Entre sus funciones se encuentran la oficialización de listas, el reconocimiento de partidos políticos, cuestiones vinculadas con las personerías partidarias y distintos aspectos relacionados con el calendario electoral.

Por ese motivo, en el Ejecutivo buscan avanzar con cautela en cualquier modificación que pueda afectar la estructura de los juzgados electorales.

En paralelo, el Gobierno todavía no resolvió cuándo enviará al Congreso el nuevo Código Penal, otra de las reformas centrales que pretende impulsar.

El proyecto original fue elaborado por un grupo de especialistas encabezado por el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre. El texto inicial tenía 912 artículos y proponía reemplazar de manera integral el Código Penal vigente, que data de 1921.

La propuesta fue impulsada durante la gestión del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, pero quedó en revisión tras la llegada de Mahiques.

El actual ministro planteó modificar la estrategia y trabajar sobre el Código existente, con una reforma más acotada. Sin embargo, esa alternativa no terminó de convencer a todos los sectores del oficialismo.

La discusión también involucró a la Secretaría de Legal y Técnica, vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, desde donde se impulsó una modificación de mayor alcance.

Tras varias versiones y revisiones, el Gobierno trabaja actualmente sobre un texto de aproximadamente 300 artículos, aunque algunos sectores todavía pretenden ampliar su contenido hasta unos 500.

De esta manera, el oficialismo tiene en preparación dos iniciativas de fuerte impacto sobre el sistema judicial: por un lado, una reforma de la estructura y organización de la Justicia Federal y, por otro, la modificación del Código Penal.

Mientras el nuevo Código Penal continúa atravesando diferencias dentro del propio Gobierno, el proyecto de reforma judicial se encuentra más avanzado y bajo revisión directa de Mahiques.

La expectativa oficial es que la reorganización permita reducir la cantidad de vacantes, acelerar el funcionamiento de los tribunales y modificar la distribución de juzgados y cámaras, aunque todavía resta definir el texto definitivo y conseguir el respaldo político necesario para avanzar en el Congreso.