El “gendarme carancho”, que fingió haber sido atropellado durante una protesta en 2014, irá a juicio oral

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la defensa del comandante de Gendarmería Juan López Torales, conocido como el “gendarme carancho”, y dejó firme el avance de la causa hacia el juicio oral por un episodio ocurrido durante una protesta de trabajadores de la autopartista Lear en 2014.

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López Torales está acusado de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio. La decisión del máximo tribunal fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible la queja presentada por su defensa.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 30 de julio de 2014, durante una protesta de trabajadores despedidos de Lear sobre la autopista Panamericana, en la provincia de Buenos Aires.

La secuencia tomó notoriedad nacional luego de que las cámaras de los periodistas que cubrían la manifestación registraran el momento en el que López Torales se arrojó sobre el capó de un vehículo conducido por Cristian Romero. El episodio fue interpretado en la causa como una simulación de atropello.

Tras lo ocurrido, otros efectivos de Gendarmería rodearon el automóvil, retiraron por la fuerza al conductor y lo detuvieron. Posteriormente, López Torales declaró ante la Justicia que había sido embestido, circunstancia que derivó también en la acusación por falso testimonio.

Una causa que lleva más de una década

En mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a López Torales por los presuntos delitos de falso testimonio y privación ilegal de la libertad agravada.

La causa fue posteriormente elevada a juicio oral y quedó radicada ante el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín. La defensa solicitó el sobreseimiento y la extinción de la acción penal por prescripción, pero ese planteo fue rechazado.

Luego, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado contra esa resolución y la defensa acudió en queja ante la Corte Suprema.

Ahora, con el rechazo del máximo tribunal, quedó firme el criterio adoptado por las instancias anteriores y López Torales deberá afrontar el debate oral por los hechos ocurridos hace más de una década.