Declaró un propietario de Fürth Automotores y habrá una auditoría interna para esclarecer el millonario desfalco

Uno de los propietarios de Fürth Automotores declaró ayer ante los fiscales de feria que investigan el presunto millonario desfalco en la concesionaria y adelantó que la empresa pondrá en marcha una auditoría interna, que será realizada por un auditor proveniente de Buenos Aires, con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento del caso.

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De acuerdo con la información incorporada a la investigación, para los directivos de la firma el perjuicio económico superaría ampliamente los $300 millones, cifra que, por el momento, se atribuye de manera preliminar al jefe de Ventas, Matías Llado, quien permanece bajo investigación.

Durante una extensa declaración, el representante de la empresa damnificada, ubicada sobre Libertad al 700, explicó ante los investigadores el funcionamiento del circuito interno y del esquema comercial de la concesionaria, aportando detalles considerados relevantes para la causa.

La investigación comenzó a tomar estado público el 15 de julio, aunque, según trascendió, en el ámbito automotor santiagueño ya circulaban versiones sobre presuntas irregularidades dentro de la firma. Ese día, el gerente general Gerardo Caro concluyó un sumario interno motivado por un supuesto "estrés financiero", atribuido inicialmente a la caída de las ventas. Posteriormente, la empresa resolvió despedir a dos empleadas y al propio Matías Llado.

En paralelo, el abogado Miguel Torres, defensor de Llado, solicitó la eximición de prisión de su cliente y sostuvo que también debería investigarse la actuación del gerente general. Sin embargo, la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, rechazó ese planteo. A su vez, el fiscal Diego Cortés anticipó que la causa podría sumar nuevas imputaciones y procedimientos en los próximos días.

En ese contexto, uno de los propietarios confirmó la realización de una auditoría integral dentro de Fürth Automotores. Entre los aspectos que se intentará esclarecer figura una presunta diferencia entre las 700 unidades registradas en el sistema informático y el stock físico real de vehículos.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que especialistas en Delitos Económicos consideran que el monto del presunto desfalco podría ser significativamente superior a los $300 millones, debido al tiempo durante el cual se habría desarrollado el supuesto mecanismo investigado.