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Opinión y Actualidad

¿Topos o castores?, destruir o construir el Estado para gestionar la incertidumbre

No se trata de defender el statu quo ni el burocratismo improductivo, sino de preguntar quién construirá las capacidades públicas necesarias para sobrevivir en un mundo caótico.

Hoy 04:17

Por Oscar Oszlak, en diario La Nación
El Presidente llegó al Gobierno definiéndose como un topo “que vino a destruir el Estado desde adentro”. Los topos son animales voraces que cavan túneles y destruyen estructuras desde abajo, trabajando casi invisiblemente. ¿Necesita la Argentina un topo o, más bien, un castor? Los castores son constructores natos, diseñadores de entornos, animales cooperativos que transforman el ecosistema. Metafóricamente, a diferencia de un topo, un castor sería un constructor estatal inteligente.

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Milei no es el primer topo de la historia de nuestro país. Decía el presidente Juárez Celman, en 1885, que el Estado es un “mal administrador”. Bajo su gobierno se privatizaron servicios públicos y se redujo la intervención estatal en la economía, políticas que, junto con una generalizada corrupción, condujeron a la profunda crisis de 1890 que forzó su renuncia. Juárez Celman es el único presidente del siglo XIX que no tiene en Buenos Aires una calle que recuerde su nombre.

El discurso antiestatista también ha sido frecuente entre ciertas corrientes militares y en sectores empresariales, muy acostumbrados a demandar privilegios, al mismo tiempo que denuncian al Estado que se los otorga. Su momento de gloria tuvo lugar durante el período neoliberal en que gobernó Carlos Saúl Menem –otro topo–, que pregonaba que “el país necesita cirugía mayor sin anestesia”, consigna que condujo a un drástico recorte institucional, desregulación económica y enormes costos sociales que derivaron finalmente en la crisis terminal de 2001.

Muchos actores económicos desprecian al Estado mientras que su “buena fortuna” depende especialmente de sus subsidios, protecciones cambiarias, obras públicas, regulaciones favorables o salvatajes financieros. Son enemigos retóricos del Estado y, a la vez, usuarios intensivos de sus beneficios.

En general, el debate sobre este tema ha girado en torno al tamaño del Estado, su aparato institucional y su excesiva intervención. Pero el problema real es su calidad y el valor público de los bienes, servicios y regulaciones que ofrece a la sociedad, en términos de satisfacer necesidades de la ciudadanía, garantizar derechos y mejorar el bienestar general de la sociedad. Y así como el mercado está atento a la demanda potencial de sus clientes, el Estado debería monitorear, como responsabilidad permanente, si lo que producen sus instituciones satisface razonablemente las múltiples necesidades colectivas que el mercado no puede –ni debe– atender.

Sin duda, el mercado ofrece a la ciudadanía bienes y servicios totalmente ajenos al quehacer de un organismo público, como la alimentación, la vestimenta o la recreación, de los que el Estado no debe ocuparse. Otros, como la atención de la salud, la educación o el transporte, pueden ser ofrecidos por ambas instancias. Pero no debería caerse en el extremo de postular, como lo hace el Presidente desde una posición minarquista, que el Estado debería limitar su actuación a la seguridad interior, la defensa nacional, la justicia, el resguardo de los derechos de propiedad y, tal vez, a las relaciones exteriores.

El Estado es, figurativamente, el semáforo de una sociedad. Si el semáforo se apaga en un cruce de tránsito intenso, el “mercado” de transeúntes y vehículos se comportará seguramente de una manera socialmente gravosa. Si para lograr avanzar cada peatón o vehículo intenta maximizar su propio interés, obedeciendo a una racionalidad estrictamente individual, lo más probable es que termine reinando el caos y se imponga la ley del más fuerte. El interés colectivo –en este caso, lograr un tránsito ordenado– se vería impedido por la lógica natural del mercado, que solo tiende a maximizar el interés de los poderosos o los audaces.

Son incontables las figuras públicas que han alertado sobre los riesgos de dejar que el mercado opere sin regulación estatal, sea porque genera crisis financieras, desigualdad social, monopolios indeseables, destrucción ambiental, captura corporativa o erosión democrática. Keynes sostenía que los mercados no tienden automáticamente al equilibrio y que el desempleo masivo puede persistir en ausencia de intervención estatal, por lo cual, luego de la Gran Depresión de 1929, defendió políticas fiscales activas y regulación financiera. Karl Polanyi, autor de La gran transformación, consideraba que la idea de un “mercado autorregulado” era socialmente destructiva. Tras la crisis de 2008, el premio Nobel Joseph Stiglitz señaló que los mercados financieros “se autorregularon hacia el desastre”. Amartya Sen, otro premio Nobel, también sostuvo que el mercado necesita instituciones públicas fuertes y regulación para garantizar capacidades humanas básicas.

    El Banco Mundial ha advertido indisimulables fallas de mercado en educación y salud

Importantes empresarios han apoyado un mayor protagonismo estatal, como George Soros, crítico del fundamentalismo de mercado, o Warren Buffett, opuesto a la desregulación financiera extrema y defensor de aplicar altos impuestos a los multimillonarios. El Banco Mundial ha advertido indisimulables fallas de mercado en educación y salud o sus perversos efectos sobre el cambio climático o la desigualdad estructural. Y hasta el Fondo Monetario Internacional revisó su postura tradicional luego de la crisis de 2008, reconociendo los riesgos de la liberalización financiera excesiva, los efectos negativos de la desigualdad y la necesidad de controles en el movimiento de capitales. Su propio titular, Michel Camdessus, llegó a decir que la “mano invisible” del mercado puede transformarse en la de un carterista.

Un Estado débil no produce libertad; produce incertidumbre. Cuando el Estado “se retira”, el poder no desaparece: solo cambia de manos. Un mercado sin Estado no elimina el poder; solo privatiza su ejercicio. Hoy, el poder está en manos de plataformas digitales, de monopolios tecnológicos, de mercados financieros, del crimen organizado y de actores transnacionales. En el siglo XX el debate giraba en torno al dilema “Estado o mercado”. En el siglo actual, el interrogante es quién tiene capacidad de gobernar sistemas complejos, que incluyen IA, automatización, crisis climática, desinformación, ciberseguridad, pandemias, migraciones y volatilidad financiera. Los contextos inciertos dejaron de ser eventos puntuales y episódicos; se han convertido en situaciones permanentes. Por ello, los Estados necesitan anticipar, coordinar, procesar información, regular tecnologías, proteger derechos y construir resiliencia. Para eso hacen falta castores. El castor no elimina el río: construye estructuras para convivir en ese medio. El topo, en cambio, puede destruir galerías viejas, pero no sabe administrar inundaciones.

    Las capacidades estatales son “capital institucional acumulado”

El Estado argentino tiene problemas graves. Es un aparato institucional deforme, fruto de la improvisación y el diletantismo de numerosos gobiernos y regímenes políticos. Ha sido, y sigue siendo, presa fácil de clientelismo y corrupción, con bolsones burocráticos excesivos y carencias de gestión injustificables. Sus capacidades institucionales son deficitarias, pero destruir las que posee es mucho más fácil que reconstruirlas. Las capacidades estatales son “capital institucional acumulado”. Ese capital puede demolerse en pocos meses, pero formarlo puede requerir décadas.

Los países que lograron desarrollarse, sean los escandinavos o los tigres asiáticos, no abolieron el Estado; lo transformaron en una herramienta estratégica. No se trata entonces de defender el statu quo ni el burocratismo improductivo, sino de preguntar quién construirá las capacidades públicas necesarias para sobrevivir en un mundo caótico. En épocas estables, destruir puede aparecer como un acto de audacia. En épocas de incertidumbre como la actual, construir capacidades colectivas se vuelve una forma superior de inteligencia política. Nuestro país deberá decidir si quiere habitar en las galerías del topo o en las represas del castor. Los topos son muy eficaces para derrumbar, pero cuando llegan las inundaciones, las sociedades necesitan castores.