El Senado trata hoy el proyecto de propiedad privada con cambios sobre la compra de tierras por extranjeros

El Senado debatirá este jueves el proyecto de propiedad privada, una iniciativa que llegará al recinto con modificaciones sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y que será uno de los temas centrales de la sesión ordinaria.

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Según señalaron fuentes parlamentarias, el texto incluirá cambios respecto de la propuesta original del Gobierno, que buscaba eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales en el país.

Una de las alternativas que se evaluó durante las negociaciones fue establecer un tope de kilómetros que pueda adquirir una empresa extranjera. Además, en caso de que intervengan otros Estados, se analiza que deba existir un aval no solo de las provincias y del Gobierno nacional, sino también del Congreso.

El proyecto iba a ser tratado el pasado 3 de junio, pero su debate fue postergado por diferencias en torno al artículo referido a la eliminación de topes para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros.

La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas vinculadas a la ley de tierras, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. El texto, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrió cambios sustanciales en su paso por el Congreso.

Entre las principales modificaciones, se eliminó el capítulo referido a la ley de barrios populares y se reformularon los apartados sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

En relación con la compra de tierras, el proyecto elimina límites para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas cuando no participe ningún Estado extranjero.

El texto establece que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional. De todos modos, se evalúa incorporar un tope a la cantidad de kilómetros que pueda adquirir una sola empresa.

Además, se prohíbe la compra de tierras por parte de Estados extranjeros y de organizaciones empresariales en las que un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la toma de decisiones societarias. La restricción también alcanza a fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero.

En materia de desalojos, el proyecto contempla un procedimiento exprés únicamente para los casos de inmuebles usurpados. Para el resto de las situaciones, se mantendrán los plazos actuales de intimación.

También se establece un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler, mediante una notificación fehaciente dirigida al domicilio denunciado por el locatario, sea real o electrónico. La notificación se considerará válida incluso si el locatario se negara a recibirla o si no pudiera concretarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento, el locador podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse por el procedimiento más breve previsto por la ley, con un plazo de 10 días hábiles.

Respecto de las expropiaciones, la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva. El Estado tendrá que fundamentar con claridad los motivos de esa medida.

El dictamen también estableció un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que el proyecto original no fijaba ningún porcentaje. En tanto, la tasa de interés que deberá pagarse será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.

Otro de los puntos relevantes del proyecto está vinculado al manejo del fuego. El texto deroga el artículo que establecía que, en caso de incendio de un predio rural, durante 30 años no podía modificarse el uso de superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el uso y destino previsto en las normas vigentes, aunque se elimina el plazo de 60 años establecido en la ley promovida por Máximo Kirchner.

Con estas modificaciones, el oficialismo buscará avanzar en el tratamiento de una iniciativa que genera debate político por su impacto sobre la propiedad privada, la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y las facultades de las provincias en la administración de sus territorios.