¿Se derriba la estatua de San La Muerte? El fallecimiento de Quinteros reabre la disputa legal por el predio

La muerte de Daniel Oscar Quinteros, señalado como supuesto propietario del predio ubicado en la localidad de La Bajada, departamento Banda, reabrió la disputa legal en torno al terreno de aproximadamente 8 hectáreas donde se construyó una enorme estatua de San La Muerte.

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El caso, que ya venía atravesado por versiones contrapuestas y un fuerte hermetismo, suma ahora un nuevo capítulo tras el fallecimiento del hombre, lo que deja en suspenso el futuro del inmueble y de la estructura religiosa que allí se erige.

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Según las primeras informaciones, Quinteros contaba con un título de posesión del terreno adquirido a los supuestos propietarios sucesorios, aunque no habría llegado a concretar la escritura formal. Sin embargo, esta versión entra en conflicto con registros catastrales que indicarían que otras personas figuran como titulares legales del predio.

A partir de su fallecimiento, se abrió además una discusión en el plano sucesorio, donde aparecen distintos actores en pugna. Por un lado, se menciona a una hija reconocida como heredera legítima, con quien Quinteros no mantenía una buena relación. Por otro, surgió la versión de un presunto hijo cuya filiación aún no fue confirmada oficialmente.

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En paralelo, también se suma una disputa entre las parejas del fallecido. Por un lado, figura su esposa legal; y por otro, una mujer que aseguró haber mantenido una relación sentimental con Quinteros durante varios años y que también tendría intenciones de intervenir en la sucesión.

Más allá del conflicto familiar y patrimonial, continúa vigente la causa judicial impulsada para analizar la posible demolición de la estatua de San La Muerte, por cuestiones de seguridad estructural.

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La abogada Romina Martínez Hunko, impulsora de la presentación, indicó que el proceso sigue en curso y que se aguardan definiciones clave sobre la titularidad del terreno y un informe técnico sobre el estado de la construcción.

“Estamos esperando que un arquitecto realice el informe formal sobre el peligro que supone la estatua, ya que podría caerse y causar daños graves. Para derribarla tiene que haber un informe técnico que confirme que la construcción está muy mal hecha”, sostuvo la letrada.

En ese sentido, el futuro del predio y de la polémica estatua queda ahora sujeto a definiciones judiciales y pericias técnicas, en un escenario donde la disputa por la propiedad y la seguridad de la estructura se entrelazan tras la muerte de su supuesto dueño.