Manuel Adorni podría ser imputado por “omisión maliciosa” tras rectificar su declaración jurada

Tras la presentación de su declaración jurada, que dejó más dudas que certezas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría ser imputado por “omisión maliciosa”. Ahora, la Justicia debe determinar si los bienes y fondos declarados a último momento fueron ocultados de manera deliberada en las presentaciones originales.

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La investigación que encabeza el fiscal federal Gerardo Pollicita podría incorporar una nueva figura penal a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito. Se trata del delito de “omisión maliciosa”, una conducta prevista en la Ley de Ética Pública para aquellos funcionarios que oculten de forma consciente bienes, activos o información patrimonial relevante ante los organismos de control estatal.

Adorni reconoció públicamente la existencia de activos que no figuraban en sus informes previos. Ante esta situación, debió presentar documentación rectificativa de urgencia para incorporar más de medio millón de dólares cuyo origen y existencia no habían sido consignados originalmente al asumir su rol en la función pública.

En el ámbito de la Justicia federal, la diferencia entre enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa resulta clave para el futuro procesal del funcionario. La investigación por enriquecimiento se concentra en determinar si existió un incremento patrimonial injustificado y desproporcionado respecto de los ingresos legítimos y conocidos del imputado durante el ejercicio de su cargo.

En cambio, la omisión maliciosa castiga estrictamente el ocultamiento de información obligatoria que debía ser declarada ante las autoridades de control, independientemente de que el origen de esos fondos sea lícito o ilícito.

Si bien la escala penal prevista para este delito es menor que la del enriquecimiento ilícito, con sanciones que van desde los quince días hasta los dos años de prisión, podría tener un fuerte impacto institucional. En caso de una condena firme, el Código Penal establece la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Por este motivo, el eje de las próximas pericias será determinar si la incorporación tardía de más de medio millón de dólares respondió a un supuesto “error administrativo”, como sostiene el entorno del Gobierno, o si existió una decisión consciente de excluir esos activos del escrutinio público.

Para avanzar en el esclarecimiento del caso, el fiscal Pollicita solicitó con carácter de urgencia acceso irrestricto a la declaración jurada de Adorni correspondiente al período 2025, así como a la totalidad de las rectificaciones presentadas por el funcionario.

El objetivo del Ministerio Público Fiscal es contrastar esos documentos con los cruces de datos que realiza la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).

Uno de los puntos más sensibles del expediente se centra en la reconstrucción de la capacidad financiera del actual jefe de Gabinete al momento en que asegura haber realizado sus inversiones en Bitcoins. La Justicia busca verificar, mediante peritos informáticos y contables, si los ingresos que Adorni percibía en aquellos años eran compatibles con los montos que afirma haber destinado al mercado cripto y con la evolución posterior de sus billeteras virtuales.

Por su parte, la defensa técnica del funcionario sostiene que la mayor parte de los fondos incorporados a último momento provienen de operaciones comerciales legítimas realizadas entre 2013 y 2018, además de ahorros familiares acumulados junto a su esposa, Bettina Angeletti, antes de su incorporación a la estructura de La Libertad Avanza.

Sin embargo, los investigadores judiciales advirtieron que requerirán un estricto soporte documental para convalidar cada uno de esos movimientos históricos.

La aparición de estos bienes omitidos modificó el escenario político del Gobierno. Durante meses, ante reiteradas consultas en el Congreso de la Nación y en sus habituales conferencias de prensa, Adorni había asegurado que su situación patrimonial se encontraba en regla y libre de inconsistencias.

Ahora, el avance de las pruebas en los tribunales podría abrir una nueva etapa en la causa judicial que lo tiene bajo investigación.