El Gobierno insistirá con una nueva Ley de Financiamiento Universitario pese al acuerdo con rectores

El Gobierno nacional planea avanzar con una nueva Ley de Financiamiento Universitario a pesar del acuerdo que negocia con los rectores para recomponer salarios y reforzar partidas destinadas a las universidades públicas. En la Casa Rosada sostienen que la discusión volverá a plantearse durante el tratamiento del Presupuesto 2027, con el objetivo de incorporar el financiamiento universitario dentro del esquema general de recursos y gastos del Estado.

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La postura oficial se mantiene mientras continúa abierta la disputa judicial por la ley vigente. En el entorno del presidente Javier Milei advierten que, si la Corte Suprema falla en contra del Estado, el Gobierno quedará obligado a aplicar una norma que considera deficitaria porque no establece una fuente específica de financiamiento. Según argumentan, esa situación podría afectar las metas de equilibrio fiscal y la continuidad del superávit.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene previsto avanzar con la firma de un acuerdo económico que contempla una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema universitario. Sin embargo, desde las universidades aclararon que el entendimiento no implica retirar la demanda judicial presentada ante el máximo tribunal.

De acuerdo con la propuesta en discusión, la masa salarial tendría un incremento del 24,33%. El esquema contempla una suba del 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y otro aumento del 3% en octubre. La actualización incluye la compensación por el desfasaje acumulado durante 2025, la inflación registrada hasta mayo de este año y una mejora adicional para recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

El acta también prevé convocar regularmente a negociaciones paritarias con docentes y no docentes, con una periodicidad máxima de tres meses. Además, se contempla una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, un refuerzo de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Desde el Ejecutivo buscan presentar el acuerdo como una vía para reducir la conflictividad en el ámbito universitario sin abandonar su cuestionamiento a la legislación aprobada por el Congreso. La estrategia oficial apunta a retomar la discusión durante el debate presupuestario del próximo año, donde pretende incluir una nueva propuesta que contemple tanto las necesidades del sistema universitario como las restricciones fiscales que sostiene el Gobierno.

La discusión se da además en un contexto de ajuste del gasto público. Hace menos de un mes, la administración nacional aplicó una reestructuración presupuestaria que implicó recortes en distintas áreas, entre ellas educación, universidades, infraestructura y subsidios. Según estimaciones oficiales, el costo de implementar la ley vigente sería similar al monto de esos recortes, lo que refuerza la postura del Gobierno de revisar el esquema de financiamiento dentro del Presupuesto general.