Lo que emerge de la lectura conjunta de ambas fuentes es un patrón que se sostiene en el tiempo: los argentinos valoran la educación, desconfían del sistema en general y tienden a evaluar bien la escuela de sus hijos. Ese movimiento, del juicio colectivo al caso individual, tiene consecuencias sobre la política. Cuando la insatisfacción con el sistema se neutraliza con la valoración positiva de la experiencia cotidiana, la demanda pública por la educación se diluye y no hay una tensión suficiente para sostener una presión política duradera.
Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Argentina. La educación tiende a activarse como tema político en momentos de conflicto, a saber: paros docentes, cambios curriculares polémicos, debates por el presupuesto, resultados de aprendizaje desfavorables y luego vuelve a aquietarse. La preocupación existe de manera latente (como se observa en las encuestas), pero no se sostiene en el tiempo ni se traduce en exigencia sobre las decisiones de gobierno.
El problema de fondo es que la educación opera en una escala temporal que no coincide con la de la política ni con la de la percepción social del riesgo. Sus efectos se miden en décadas. Las pruebas nacionales de medición de aprendizajes muestran que menos de la mitad de los estudiantes de sexto grado alcanzan los niveles esperados en matemática. La tasa de abandono en el nivel secundario entre los sectores más vulnerables es persistente. Los resultados de PISA 2022 muestran que Argentina se ubicó en el puesto 66 de 81 países en Matemática, con 7 de cada 10 estudiantes de 15 años por debajo del nivel mínimo de desempeño.
En Lectura, 5 de cada 10 no alcanzan ese umbral. En la comparación internacional, los resultados de los grupos sociales más aventajados presentan también resultados bajos en relación con sus pares de otros países.
Estos números conviven con la vida cotidiana de las familias con hijos en edad escolar, pero no se traducen automáticamente en demanda política, en parte porque la escuela con la que se mantiene el contacto directo es percibida como un espacio valorado.
Cuando la insatisfacción con la política educativa es tan alta pero el tema no aparece entre las urgencias de la agenda, los gobiernos tienen poco incentivo para revisar seriamente el rumbo educativo y también pocos costos por no hacerlo. La educación queda en una zona gris: demasiado importante para ser ignorada en los discursos, demasiado poco urgente para concentrar recursos y conflictos políticos reales.
En ese contexto, parte del trabajo que nos corresponde a quienes trabajamos en educación (investigadores, perfiles técnicos, docentes, organizaciones civiles) es construir las condiciones para que la educación pueda ser peticionada como derecho, evaluada como política y exigida como prioridad. Eso requiere, traducir los datos técnicos en demandas que convoquen a la ciudadanía y sostener esa conversación más allá de los ciclos electorales.
Las encuestas no dicen que a los argentinos no les importe la educación. Dicen algo más específico e inquietante: la valoran en abstracto, confían en la escuela de sus hijos, pero no la reclaman como política pública. Y esa diferencia, en términos de agenda y de decisiones de gobierno, lo cambia casi todo.
