Clientes denuncian a una concesionaria por una estafa de $100 millones

La Fiscalía solicitará este viernes la prisión preventiva para el propietario de una concesionaria, acusado por múltiples clientes de haber cometido estafas y defraudaciones en operaciones comerciales que no habrían llegado a concretarse.

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El imputado es Alberto Abdón Juárez, quien permanece detenido desde fines de abril. La fiscal Luján González Garay le endilga los delitos de desbaratamiento de derechos acordados, estafa y defraudación, en el marco de una causa que se fue ampliando con el correr de las semanas.

El origen de la causa

La investigación se inició a partir de la denuncia de Gianina Paola Donis, quien en julio de 2025 vendió un departamento en el barrio Ramón Carrillo mediante escritura, recibiendo como parte de pago dos vehículos: una Renault Máster DCI 120 modelo 2008 y un Volkswagen Vento 2.5.

Según la imputación, ambos rodados presentaban desperfectos, por lo que la mujer decidió consignarlos en la concesionaria de Juárez, ubicada en calle Libertad al 1500. Para ello, firmó un contrato de consignación y entregó las unidades.

Sin embargo, la denuncia sostiene que los vehículos habrían sido retirados sin autorización ni conocimiento de la propietaria, lo que derivó en que sus derechos sobre los automotores quedaran en una situación incierta.

Más denunciantes y un perjuicio millonario

Mientras Juárez permanecía alojado en el Centro Único de Detenidos, se multiplicaron las denuncias en su contra, lo que llevó a la acumulación de expedientes impulsados por otros fiscales.

En este contexto, la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, encabezará la audiencia prevista para hoy a las 9, en la que se definirá el futuro inmediato del acusado.

Entre los damnificados que participarán, representados por sus abogados, se encuentran Gianina Donis, Juana Celia Hoyos, Gabriel Ruiz, Emiliano Chapa, Noé Villavicencio, Hernán Gorostiza, Juan Castillo, Claudia Burgos, Emanuel Domínguez, Fernando Morales y Cristian Juárez.

El debate se anticipa intenso y con fuerte eje económico, ya que las víctimas buscan recuperar las sumas invertidas o la restitución de los vehículos, en un caso que ya rondaría los $100 millones en perjuicios.