La organización operaba con bases filtradas del Renaper, PAMI y Mi Argentina y las comercializaba en canales de Telegram para fraudes, extorsiones y suplantación de identidad.
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal acusada de comercializar bases de datos robadas pertenecientes a organismos públicos y empresas privadas, que luego eran utilizadas para cometer estafas virtuales, extorsiones, amenazas y suplantación de identidad.
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Entre las bases comprometidas se detectaron registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA), el PAMI, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y credenciales vinculadas a Mi Argentina.
La investigación comenzó en octubre de 2025 por orden del fiscal federal Ramiro González, quien dispuso tareas de inteligencia al Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal.
A partir del análisis de actividad digital, los investigadores detectaron canales en Telegram donde se ofrecían bases de datos robadas mediante bots automatizados, con acceso a información personal, registros médicos, antecedentes y credenciales digitales de ciudadanos.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad, los datos eran adquiridos por redes dedicadas a estafas financieras, vaciamiento de cuentas bancarias, amenazas y robos de identidad. También se detectaron intentos de acceso a billeteras virtuales y cuentas bancarias.
La investigación reveló además una estructura financiera diseñada para ocultar el origen del dinero mediante el uso de billeteras virtuales y plataformas de criptoactivos, que permitían fragmentar y redistribuir fondos entre múltiples cuentas.
Dentro de la organización también operaban las denominadas “mulas digitales”, personas que prestaban cuentas bancarias o billeteras virtuales para mover dinero y dificultar el rastreo de las operaciones.
Con las pruebas reunidas, el juez federal Sebastián Ramos ordenó once allanamientos simultáneos en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de 128 efectivos de fuerzas especializadas, entre ellos el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y equipos de peritaje informático.
Durante los procedimientos fueron detenidas siete personas —seis adultos y un menor de 15 años— y se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y material vinculado a la causa.
Las autoridades judiciales aclararon que no se trata de una nueva filtración de datos, sino de una red que operaba con información robada previamente en distintos ataques a sistemas estatales y privados.