El staff report del organismo detalla una hoja de ruta con cambios fiscales, tributarios, previsionales y de gasto público con fechas específicas para su implementación.
La publicación del nuevo informe del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó al descubierto una serie de compromisos asumidos por el Gobierno argentino en materia de reformas estructurales, ajuste del gasto y reorganización del sistema fiscal.
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El documento establece un cronograma detallado de objetivos que la administración de Javier Milei deberá cumplir entre 2026 y fines de 2027, en el marco del seguimiento del programa vigente con el organismo multilateral.
Uno de los hitos previstos para junio de 2026 es la puesta en marcha de un sistema informático integrado que permita al Ministerio de Economía acceder a indicadores tributarios agregados y anonimizados elaborados por la agencia recaudadora ARCA. El objetivo es mejorar el monitoreo fiscal y el análisis de políticas públicas.
Para septiembre de 2026, el Gobierno deberá enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluirá una regla de déficit cero como eje central, junto con un marco fiscal de mediano plazo y escenarios de riesgo. En la misma etapa, también deberá presentarse ante el FMI un plan de transición hacia la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Hacia diciembre de 2026, el organismo exige avances en una nueva fase de reforma tributaria orientada a simplificar el sistema impositivo, reducir impuestos distorsivos y revisar beneficios fiscales. También se incluye la presentación de una reforma de la legislación de responsabilidad fiscal y la implementación de medidas vinculadas al control de riesgos de cumplimiento tributario.
En ese mismo período, Argentina deberá avanzar en recomendaciones relacionadas con el combate al lavado de dinero, cumpliendo al menos tres de las seis medidas prioritarias establecidas en informes técnicos previos del FMI.
Finalmente, hacia fines de 2027, el Gobierno se comprometió a presentar un diagnóstico integral del sistema previsional, con propuestas para mejorar su equidad y sostenibilidad. El objetivo será reducir la fragmentación del régimen jubilatorio y reforzar la relación entre aportes y beneficios.
En paralelo, el FMI destacó la necesidad de sostener políticas de contención del gasto, incluyendo la reducción de subsidios, la focalización de la asistencia social y la optimización de la inversión pública, en línea con las reformas estructurales en marcha.
El informe también subraya que el nuevo esquema de subsidios energéticos apunta a mejorar la recuperación de costos y aumentar la transparencia en la asignación de recursos.