El proyecto toma como referencia la “Hatch Act” de Estados Unidos y apunta a endurecer las restricciones sobre actividad partidaria.
El Gobierno trabaja en una reforma de la Ley de Ética Pública para endurecer las reglas sobre el comportamiento de los funcionarios. La iniciativa apunta a fijar con mayor detalle qué usos de oficinas, teléfonos, vehículos y otros recursos del Estado están vedados para actividades partidarias o políticas.
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En el Ejecutivo explican que la idea es ser más estrictos con las conductas dentro de la administración y establecer límites más precisos para evitar que se mezclen función pública y actividad política. El ejemplo que ponen cerca del oficialismo es el de un funcionario que haga llamados partidarios desde el teléfono de su oficina en un edificio público, una conducta que buscan dejar expresamente alcanzada por la norma.
Los cambios que analizan en la Casa Rosada no parten desde cero. La ley argentina ya fija deberes generales de conducta y la normativa de empleo público prohíbe el proselitismo o la acción política con el cargo, pero el proyecto en estudio buscaría bajar esas pautas a supuestos más concretos: uso de correos institucionales, tiempo de trabajo, teletrabajo, redes sociales, vehículos oficiales, presión sobre subordinados, organización de actividades partidarias y posible pedido o recaudación de aportes políticos desde el Estado.
En Balcarce 50 no descartan que también abarque modificaciones sobre quién investiga y cómo se sancionan esas faltas. La referencia que miran es la Hatch Act de los Estados Unidos, aunque con adaptación local. Esa ley restringe la actividad política partidaria mientras el empleado está de servicio, en una oficina pública, con uniforme o usando un vehículo oficial. Prevé además sanciones que van desde una advertencia escrita hasta el despido.
El modelo estadounidense también incorpora otro punto que en el Gobierno ponen la mira: protege a los empleados frente a la coerción política, de modo que no puedan ser castigados por negarse a hacer campaña o aportar dinero a un partido. Tras una reforma de 1993, la norma amplió la actividad política permitida fuera del horario laboral para la mayoría de los agentes, pero mantuvo en pie esas prohibiciones básicas dentro del Estado.
Es por eso que en el Ejecutivo advierten que una eventual reforma puede abarcar definiciones más específicas sobre qué conductas quedarían prohibidas sobre el armado político desde la función pública, pedidos de apoyo electoral o difusión de mensajes de campaña, entre otros puntos. La reforma, de todos modos, no forma parte de la agenda del corto plazo.
En la Casa Rosada no descartan reflotarla durante 2026 y reconocen que forma parte de los 90 proyectos en los que trabajan para enviar al Congreso durante este año. El gabinete sigue atravesado por las investigaciones judiciales que afronta el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que volvió a ser respaldado por Javier Mieli en la última reunión de este viernes.
El esquema en estudio no se superpone con la llamada ley “anticasta” que el jefe de Estado buscó promover en 2024. Aquella iniciativa incluía otros ejes, como topes salariales, recortes de “privilegios” y cambios en el régimen político. Milei ya había dado señales públicas sobre esa intención. El 18 de abril de 2025 escribió en su cuenta de X: “Vamos a full y sin atenuantes con la Ley de ÉTICA PÚBLICA..!!!”. En paralelo, el Ejecutivo ya impulsó Ficha Limpia dentro de la discusión más amplia sobre reforma electoral.