Los primeros pacientes interesados. Las organizaciones que promovieron la ley de “muerte digna” estiman en que unos 20 años habrá unos 1.000 procedimientos por mes.
Una maestra uruguaya fue perdiendo poco a poco la fuerza para caminar, comenzó a tener incontinencia y a sentir un dolor insoportable. La mujer, de 58 años, tiene esclerosis múltiple hace 21 años y, si continúa con el proceso, se convertirá en uno de los primeros casos de eutanasia en Uruguay.
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Su historia fue relatada por el semanario Búsqueda, que la mantuvo en el anonimato porque en su familia no todos están de acuerdo con la decisión. Ella vive en el barrio costero Pocitos de Montevideo y ya no soporta más la enfermedad y hace un tiempo decidió que quería poner fin a su vida.
Como en Uruguay la eutanasia no era legal –de hecho, en la legislatura pasada un proyecto de ley sobre el tema no fue aprobado–, la docente evaluó viajar a Suiza para someterse al procedimiento. Pero como la discusión se instaló en el país, decidió quedarse.
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El Parlamento uruguayo aprobó la eutanasia en octubre y, seis meses después, fue reglamentada por el presidente Yamandú Orsi. Este lunes, en tanto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgó un protocolo de actuación para que los prestadores de salud comiencen a aplicar la eutanasia y desde el día siguiente quedó habilitada.
El presidente destacó que la aprobación de esta normativa implicó un “proceso de debate profundo, plural y sostenido en el tiempo”. Ahora, el MSP publicó una nueva normativa con pautas bajadas a tierra. Una de las exigencias es para los prestadores de salud. El protocolo de actuación obliga a que todas las mutualistas (públicas o privadas) cumplan con la voluntad del paciente, aun cuando alguno de sus médicos presenten la objeción de conciencia.
“Los prestadores, en cumplimiento con lo que dispone la ley, están obligados a asegurar la realización del procedimiento en todos los casos. Por tanto, si un prestador tuviera todos sus médicos objetores de conciencia o tuvieran sus estatuos de fundación disposiciones incompatibles con la eutanasia, deberá contratar el procedimiento en otro prestador, o buscará otra forma”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al explicar la nueva reglamentación.
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“Los médicos tienen la plena libertad para decidir participar o no en el procedimiento de eutanasia. Y, en caso negativo, ser declarados objetores de conciencia”, agregó la jerarca. Pero continuó diciendo que el prestador de salud tiene que tener asegurado contar con una nómina de profesionales “no objetores de conciencia que resulten necesarios para poder brindar la prestación si así se le solicita”, agregó.
Pero, ¿cómo es el procedimiento para aplicarse la eutanasia? Los médicos administran lidocaína, un analgésico que lo que hace es evitar que los otros medicamentos generen dolor cuando se dan por la vena. En segundo lugar, el paciente es inducido a un coma con propofol, un fármaco de uso habitual en las cirugías.
Cuando el equipo médico se asegura que la persona ingresó en un coma profundo, se le administra otro fármaco: atracurio. Se trata de un bloqueante neuromuscular, que es el que lleva al paro respiratorio y al posterior paro cardíaco.
“Son fármacos que se utilizan hace años en nuestro medio. Hay disponibilidad. Lo único que hubo que modificar es la posibilidad de utilizarlo fuera del uso sanatorial y hospitalario”, explicó el internista Martín Rebella, adjunto de la ministra de Salud Pública, en una conferencia de prensa.
El paciente que decide que le apliquen la eutanasia debe cumplir con una serie de requisitos. Además, puede cancelar el proceso en cualquier momento. También se respeta la voluntad si quiere morir en su casa o en un sanatorio, como también por las personas con las que desea estar acompañado.
Las estimaciones
Al menos diez personas ya realizaron consultas en Uruguay para iniciar el proceso hacia la eutanasia, informaron desde la organización Empatía Uruguay al noticiero Telenoche de Canal 4. A partir de la difusión de la normativa, comenzaron a registrarse planteos vinculados a casos concretos. “A raíz del conocimiento empezaron a surgir un montón de consultas sobre casos muy específicos de las personas”, dijo Jennifer Velazo, integrante de la organización. “Lo que tiene que ver con su médico es si su caso tiene cura o no”, aclaró.
Según informó Búsqueda, la organización Muerte Asistida Digna en Uruguay (MADU), uno de los impulsores de la eutanasia, estimó que con el tiempo se estabilizará la cantidad de personas que reciba la eutanasia y habrá en promedio unos 1.000 casos anuales.
“De acá a 20 años estimamos una meseta de entre 700 y 1.000 casos por año”, explicó a ese medio Ítalo Bove, director del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República e integrantes de ese colectivo.
Uruguay se convirtió en el séptimo país del mundo en reglamentar la ley, después de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España y Nueva Zelanda. En Portugal y Cuba los parlamentos aprobaron la ley, pero el procedimiento todavía no fue reglamentado.
Lo que estableció la ley de eutanasia fue un “derecho” a acceder al procedimiento a personas mayores de edad “psíquicamente aptas” y que padezcan una patología incurable e irreversible, que les haga padecer “sufrimientos que le resulten insoportables”. En el decreto reglamentario, se establecieron definiciones y se reguló el procedimiento para “otorgar las mayores garantías en su implementación”.