La Justicia Federal imputó a una pareja en Salta por explotación sexual de menores, revelando un circuito de trata que operaba a través de citas pactadas por internet con al menos dos víctimas identificadas.
La investigación sobre la trata de personas en la avenida Artigas ha dado un giro significativo tras la imputación de una pareja por parte de la Justicia Federal, acusados de explotación sexual de menores en departamentos de Salta. Este caso, que comenzó en el ámbito provincial, escaló debido a su gravedad y complejidad, culminando en detenciones y allanamientos por parte de las autoridades.
Los acusados, identificados por sus iniciales F.N.A. y A.A.G., enfrentan cargos por trata de personas con fines de explotación sexual, siendo agravante el hecho de involucrar a víctimas menores de edad. La formalización tuvo lugar ante el juez federal Julio Bavio, a solicitud de la fiscalía liderada por Ricardo Toranzos.
Hasta el momento, se han identificado doscientas víctimas, aunque la fiscalía no descarta que existan más. La investigación reveló que el circuito de explotación operaba bajo una modalidad de “servicios de citas”, con una estructura organizada y roles específicos para cada imputado.
De acuerdo con el expediente, el hombre se encargaba de captar a las víctimas, mientras que su pareja coordinaba los encuentros sexuales. Las ofertas eran publicadas en sitios web y concretadas a través de grupos de Telegram, donde se definían precios, horarios y lugares para los encuentros.
Los encuentros se realizaban en departamentos alquilados, muchos de ellos situados en un pasillo interno de la avenida Artigas, lo que dificultaba su visibilidad desde la calle. La Gendarmería realizó los allanamientos en esta zona la semana pasada.
La actividad se concentraba principalmente entre las 15:00 y las 21:00 horas, con un promedio de cuatro a cinco clientes diarios. Cada encuentro tenía un costo que variaba entre 30.000 y 35.000 pesos, con tarifas más altas cuando participaban dos menores.
Según el testimonio de una de las víctimas, parte de los ingresos debía ser entregada a uno de los imputados, quien además recibía pagos a través de transferencias bancarias. La causa se inició el 16 de agosto de 2024, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un adulto junto a una menor en un departamento.
Este incidente permitió la apertura de una investigación que, con el tiempo, destapó un esquema más amplio de explotación. Gracias a la colaboración de Gendarmería y la Unidad de Delitos Complejos, se avanzó en tareas de inteligencia y recolección de pruebas.
El 15 de abril se llevaron a cabo los allanamientos en los inmuebles de la avenida Artigas, donde se incautaron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento que serán peritados. En cuanto a los imputados, se dictó prisión preventiva para el hombre por 120 días, debido al riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Respecto a la mujer, se le otorgó la libertad con medidas restrictivas, debiendo presentarse semanalmente ante la Justicia, sin poder salir de la provincia ni contactar a las víctimas o al coimputado. Esta decisión se basó en indicios que sugieren que ella también podría haber sido víctima en este contexto de explotación.