El abogado Diego Lindow adelantó que accionará en la Justicia ordinaria y Federal contra la firma vinculada al financista hallado muerto en un country. Asegura que su cliente invirtió US$200.000 y que no obtuvo respuestas ni la restitución del dinero.
El abogado Diego Lindow, representante del inversor Alejandro Martín Marchese, anticipó la presentación de una denuncia penal contra la firma UM Argentina Inversiones SA por presuntos delitos de estafa, retención indebida y lavado de dinero, con intervención prevista en la Justicia Federal.
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Según explicó el letrado, su cliente habría invertido US$200.000 mediante un contrato firmado con la empresa y con el financista Martín Maldonado, quien fue hallado sin vida el 2 de marzo en una vivienda del barrio privado El Timbó. El acuerdo establecía el pago mensual de intereses cercanos al 2%, lo que representaba aproximadamente US$4.000, transferidos a través de cuentas vinculadas a la firma.
De acuerdo con la presentación, los pagos se realizaron con normalidad hasta que la empresa interrumpió el cumplimiento del contrato y no restituyó el capital invertido. Ante esta situación, la parte damnificada envió una carta documento exigiendo el pago.
El abogado indicó que la empresa negó la operación, al sostener que el dinero no ingresó a sus cuentas y que no existen registros de las transferencias. Sin embargo, afirmó que las operaciones están documentadas y bancarizadas.
Tras el fallecimiento de Maldonado, otros inversores realizaron reclamos a la firma, aunque hasta el momento no se formalizaron denuncias judiciales. Fuentes vinculadas al caso señalaron que existirían diferencias entre las monedas invertidas y las reclamadas, además de dudas sobre la capacidad patrimonial de la empresa y posibles operaciones realizadas fuera de los registros formales.
Lindow también señaló cambios en el funcionamiento de la firma, como el cierre de sus oficinas comerciales en calle 24 de Septiembre y la fijación de un nuevo domicilio legal en una casilla postal del Correo Argentino.
Asimismo, indicó que una persona identificada como Flores habría asumido recientemente como titular de la sociedad. En ese sentido, adelantó que la acción judicial alcanzará a los actuales responsables de la empresa.
La denuncia incluirá los presuntos delitos de estafa y retención indebida, y sumará la figura de lavado de dinero, que investiga la posible incorporación de fondos de origen ilícito al sistema financiero formal. Por la naturaleza de este último delito, la causa quedaría bajo competencia de la Justicia Federal.