La reciente reunión en Olivos entre el presidente, Javier Milei, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar el proyecto de nuevo Código Penal abre un debate que excede largamente la coyuntura política: ¿Puede un Código Penal serio construirse a partir de “parches” orientados por demandas inmediatas?
Por Milagros Grassi
Para Página 12
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El anteproyecto que había impulsado el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, más allá de cualquier matiz opinable, respondía a un trabajo técnico elaborado por juristas de probada trayectoria. No era un código perfecto —ninguno lo es—, pero sí un intento de sistematización coherente, con criterios dogmáticos claros, respeto por los principios de legalidad, proporcionalidad y una mirada integral del sistema penal.
Lo que hoy parece insinuarse, en cambio, es un giro preocupante: la tentación de intervenir ese cuerpo normativo con modificaciones fragmentarias que responden más a urgencias políticas o reclamos de agenda que a una verdadera política criminal.
El problema no es menor. El derecho penal no puede ser reactivo ni oportunista. No puede legislarse al calor de la indignación social ni al ritmo de las encuestas. Cuando eso ocurre, el sistema pierde coherencia, se hipertrofia punitivamente y termina lesionando garantías básicas.
La historia argentina —y comparada— es clara: cada vez que el Código Penal se convirtió en un instrumento de respuesta simbólica frente al delito, se multiplicaron figuras penales innecesarias, se endurecieron penas sin eficacia preventiva y se erosionó el principio de racionalidad del castigo.
Un Código Penal no es una herramienta electoral. Es la última ratio del orden jurídico. Requiere estabilidad, técnica y previsibilidad. Introducir “parches” sin una lógica sistemática no solo compromete su estructura, sino que genera inseguridad jurídica y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias.
Si el diagnóstico es que el anteproyecto requiere ajustes, esos ajustes deben ser el resultado de un debate serio, interdisciplinario y basado en evidencia criminológica. No de negociaciones políticas coyunturales ni de la necesidad de mostrar respuestas rápidas.
Porque en materia penal, la velocidad suele ser enemiga de la justicia. Y los parches, lejos de resolver los problemas, suelen agravarlos.
La discusión del Código Penal es, en definitiva, una discusión sobre qué modelo de Estado queremos: uno que legisla con rigor técnico y respeto por las garantías, o uno que improvisa normas al compás de la urgencia. En esa decisión, se juega mucho más que una reforma legislativa: se juega la calidad misma de nuestro sistema democrático.