El empresario fue hallado sin vida en un country de la zona sur y su actividad financiera quedó bajo análisis por reclamos de inversores y movimientos que no figuran en registros formales.
La muerte del financista Martín Maldonado, ocurrida el pasado 2 de marzo en el barrio privado El Timbó, continúa rodeada de interrogantes. Con el avance de los días, comenzaron a conocerse detalles sobre su actividad económica que derivaron en una serie de reclamos e investigaciones sobre el manejo de fondos.
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El empresario fue encontrado sin vida en una vivienda del country ubicado entre Los Romano y Villa Robles, en un hecho que fue interpretado como un suicidio. Desde entonces, no hubo información oficial detallada, pero trascendieron datos vinculados a su rol en una consultora financiera que operaba con inversiones en dólares y criptomonedas.
Según se pudo reconstruir, Maldonado tenía una participación cercana al 47% en la firma, la cual funcionaba con varios socios y ofrecía rendimientos en moneda extranjera. Sin embargo, tras su fallecimiento, distintos inversores comenzaron a reclamar la devolución de fondos, algunos de los cuales no figurarían en los registros formales de la empresa.
En ese sentido, los socios aseguraron desconocer el ingreso de esos capitales y remarcaron que no existen constancias documentadas de dichas operaciones, lo que generó dudas sobre la legalidad de los movimientos.
Otro punto que llamó la atención fue que algunas intimaciones se realizaron en pesos, pese a que los acuerdos habrían sido en dólares. Según analistas, esta situación podría estar vinculada a dificultades para justificar el origen de los fondos invertidos.
En paralelo, surgieron indicios sobre operaciones personales realizadas por Maldonado, entre ellas la adquisición parcial de un departamento en Paraguay y la compra de una camioneta a nombre de la empresa, que luego habría sido vendida sin registrar el ingreso del dinero.
Además, se investiga el destino de más de medio millón de dólares, que podrían haber sido convertidos en criptomonedas. Parte de esa información estaría almacenada en una computadora personal del financista, a la que aún no se logró acceder completamente.
El caso también podría quedar bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF), ya que uno de los socios es agente de bolsa y tendría la obligación de reportar operaciones sospechosas, especialmente ante la aparición de acreedores que no pueden justificar el origen de los fondos.
Mientras tanto, quienes reclaman dinero centran sus expectativas en acceder a los registros de la firma y a las claves digitales que permitirían recuperar los activos. La investigación sigue en curso y busca determinar si existieron maniobras irregulares en la operatoria financiera de Maldonado.