"Las organizaciones sociales somos la primera barrera de contención de los barrios"

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, decidió dar por finalizado el programa Volver al Trabajo, que en su última actualización otorgaba a los beneficiarios un ingreso de 78 mil pesos mensuales. La medida afecta a casi un millón de personas en todo el país, incluyendo a 18.500 beneficiarios en Santiago del Estero, cuyo último pago será en abril.

La decisión del Ejecutivo fue analizada en Radio Panorama por Jessica Cajal, de Libres del Sur, y Ezequiel Altamirano, del Polo Obrero, quienes explicaron la magnitud del impacto económico y social para las familias que dependían de este ingreso.

"Es un golpe muy duro para la economía de estas familias", sostuvo Cajal, y agregó que se trata de una medida que requiere un análisis más profundo sobre la concepción del Estado respecto al manejo de estos programas.

Un salario complementario y no una ayuda

El programa, que previamente se conocía como Potenciar Trabajo, brindaba más que un ingreso: garantizaba obra social, aportes jubilatorios mediante monotributo y la posibilidad de participar en actividades de contraprestación laboral. Según los referentes sociales, el ingreso de 78 mil pesos no alcanza para vivir, pero sí constituye un salario complementario para quienes no cuentan con empleo formal.

Ezequiel Altamirano y Jesica Cajal en Radio Panorama

En Santiago del Estero, los beneficiarios realizaban trabajos en diversos oficios: desde docentes y cartoneros, hasta tareas de instalaciones eléctricas, veredas y limpieza de barrios, contribuyendo al mantenimiento de infraestructura pública y privada. Se estima que la baja del programa implica que 1.500 millones de pesos dejarán de circular en la provincia, afectando tanto a las familias como a los municipios.

Reconversión del programa y críticas

El Gobierno reconvirtió el programa en la entrega de vouchers de capacitación en oficios, pero los beneficiarios dejarán de percibir los 78 mil pesos, los cuales pasarán a las empresas o capacitadores que administren las capacitaciones.

“No se trata de un ingreso que se mantiene, sino que se le transfiere a la empresa que capacita. Esto demuestra una concepción del gobierno que margina la participación directa de las organizaciones sociales”, explicó Altamirano.

Además, ambos referentes denunciaron irregularidades en el manejo de las suspensiones y judicializaciones de los beneficiarios, incluyendo casos en los que se les bloqueó el cobro por supuestos viajes durante la pandemia o por percibir otros beneficios, muchas veces basados en datos erróneos.

El rol de las organizaciones sociales

Cajal y Altamirano destacaron que las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental en los barrios, ofreciendo contención, educación, capacitación y prevención del narcotráfico. Subrayaron que estas instituciones actúan como nexo entre el Estado y las comunidades, especialmente para quienes no tienen acceso a internet o información sobre los programas sociales.

“Las organizaciones sociales somos la primera barrera de contención en los barrios. No somos culpables de la pobreza: las decisiones económicas y la falta de políticas públicas son las que generan precarización y exclusión”, afirmaron.

Los referentes también criticaron la falta de auditoría real sobre los comedores populares y la distribución de alimentos, asegurando que, pese a denuncias y judicializaciones, el Gobierno no ha supervisado ni controlado correctamente estos espacios, mientras que los trabajadores sociales sostienen la asistencia a pulmón.

Una medida que golpea a los sectores más vulnerables

Según los entrevistados, la medida responde a una estrategia del Gobierno para reducir la organización de los sectores más vulnerables, atacando no solo a los beneficiarios de programas sociales, sino también a jubilados, personas con discapacidad y la educación pública.

“Lo que hemos visto es cómo la pobreza se profundiza y cómo se precariza el trabajo, mientras se responsabiliza a las organizaciones sociales de problemas estructurales que no les corresponden”, concluyeron Cajal y Altamirano.