La historia de la "argentinización" y posterior expropiación de la petrolera por parte del kirchnerismo no sólo debe recordarse: debería investigarse.
Por Pablo Vaca
Para Clarín
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El fallo favorable al país en el caso YPF tuvo la insólita característica de generarles un beneficio tanto al Gobierno como a la oposición. Unos porque movían del primer plano la charla sobre Adorni y otros porque se sacaban una lápida de encima para la campaña 2027. Ambos festejaron y ambos se adjudicaron virtudes por la noticia. Por supuesto, ambos aprovecharon para insultarse mutuamente.
Sin embargo, lo que debería recordarse siempre, tras el respiro que les dio a las arcas criollas el dictamen de la Corte de Apelaciones de Nueva York, es cómo fue que se llegó a este punto: el riesgo de pagar 16.000 millones de dólares no salió de un repollo, sino de una política concreta que podría enseñarse en las escuelas como modelo de una estafa a máxima escala.
Para que no se repita, claro.
Fue en 2008 cuando Néstor Kirchner, expresidente y cónyuge de la entonces presidenta Cristina Fernández, impulsó la “argentinización” de la petrolera, que había sido adquirida por Repsol cuando Carlos Menem la privatizó (con el apoyo de Kirchner, hay que recordar).
Eligió para ello a la familia Eskenazi, los mismos que habían obtenido la privatización del Banco de Santa Cruz cuando Kirchner gobernaba esa provincia.
Casualidad, tal vez.
Pero lo realmente creativo del caso es que los Eskenazi compraron el 25% de la compañía sin poner un peso: pagarían con las ganancias de la propia YPF y con un crédito garantizado con acciones de la misma empresa. Fueron 2.000 millones de dólares. A cambio, Repsol iba a poder girar plata a España, a su casa matriz.
Un negocio extraordinario. Para ellos. Porque al poco tiempo, sin inversión, con una empresa vaciada, la producción bajó y comenzó la importación masiva de gas y petróleo. Que trastornó definitivamente las cuentas públicas: sólo durante el segundo mandato de Cristina el déficit comercial energético sumó 23.180 millones de dólares.
Una montaña de plata que llevó a Axel Kicillof, ministro de Economía de Cristina, a expropiar la empresa en 2012.
En realidad, expropió el 51% que estaba en manos de Repsol. Pagó 6.000 millones de dólares por ello tras haber declarado que no pondría un peso. Y dejó abierta la puerta a la ahora rechazada demanda que inició el fondo buitre Burford, que le compró ese “derecho” a los Eskenazi (igualmente, estos, campeones en maniobras, hubieran cobrado un porcentaje de los 16.000 millones).
Pese a tan contundente historia, Cristina no pudo evitar el autoelogio desde su prisión domiciliaria y tuiteó: “Queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país”. Sin ironía, escribió: “Hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”.
Tampoco Kicillof permaneció en silencio: “La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”, posteó.
Ni la expresidenta ni el gobernador bonaerense recordaron la previa.
Obvio.
Existe una añosa causa penal sobre el caso, iniciada por Elisa Carrió. Está en el juzgado de Ariel Lijo, que aún no se ha pronunciado sobre el tema.
Obvio.