Santa Fe. Un grupo de abogados y padres acusa a tres profesionales, de la ONG privada AEVAS, de inventar conclusiones de pericias en casos para desvincular a los chicos de sus padres.
La justicia en Rosario inicia una investigación sobre la posible falsificación de informes psicológicos que afectan a padres acusados de abusos sexuales. Este tema no es nuevo, pero la decisión del jefe de fiscales, Matías Merlo, de reforzar equipos de investigación marca un punto crítico en el caso.
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Un grupo de abogados y padres denunció penalmente a tres psicólogas de la ONG privada AEVAS. Las acusan de inventar conclusiones de pericias en casos de abuso infantil para desvincular a los chicos de sus padres.
“Es un horror, presuntos informes falsos de profesionales psicólogas, peritas judiciales”, afirmó a Cadena 3 Viviana Cosentino, representante de uno de los padres afectados.
Cosentino destacó que se unieron siete profesionales para abordar estos casos y que han encontrado similitudes alarmantes en los informes, llegando al extremo de que dos documentaciones presenten un párrafo idéntico a pesar de tener cuatro años de diferencia y haber sido elaboradas por psicólogas distintas.
“Nosotros sostenemos que hay muchos indicios de que estos informes son falsos”, señaló. Añadió que las familias que enfrentan estas acusaciones se ven obligadas a probar su inocencia, invirtiendo la carga de la prueba. “El que menos hace dos años y medio que no ve a su hijo”, comentó, refiriéndose al sufrimiento prolongado de muchos padres.
El fiscal Merlo ha decidido sumar dos nuevos fiscales a la causa, lo que Cosentino consideró un avance positivo: “Creemos que se le está dando la seriedad al tema que se le tiene que dar”.
Las implicaciones son graves, no solo para los padres, sino también para los niños, quienes sufren daños psíquicos. “Se les está haciendo crecer pensando que son chicos abusados cuando no lo son”, añadió.
Cosentino enfatizó la necesidad de investigar y reconducir este tipo de denuncias que, según ella, dañan la integridad de los menores y constituyen delitos graves.
La amplificación de la denuncia en Rosario ha suscitado el interés de otros padres que también enfrentan situaciones análogas. Cosentino concluyó: “Ya la existencia de siete casos es suficientemente grave para que se investigue”.