El educador sostuvo que tres acusados retuvieron de manera ilegítima la tarjeta magnética que pertenece al comedor escolar. Además los acusó de hostigamiento.
Un presunto caso de irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a comedores escolares salió a la luz en una institución educativa del interior santiagueño y ya es investigado por la Unidad de Delitos Institucionales.
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El hecho se conoció ayer, cuando el director de la Escuela N°183, ubicada en el paraje Km 25 del departamento San Martín, se presentó ante la Policía y formalizó una denuncia por una posible estafa en perjuicio del Estado provincial.
Según expuso el docente, la situación se habría originado dentro de la cooperadora escolar, que funcionaría sin personería jurídica. En ese contexto, apuntó contra tres personas —dos mujeres y un hombre, todos domiciliados en la zona— por presuntas irregularidades en la administración de recursos vinculados al comedor, un sector clave por tratarse de asistencia alimentaria para estudiantes.
De acuerdo con la denuncia, uno de los puntos centrales del conflicto es que una de las acusadas habría retenido la tarjeta magnética utilizada para gestionar los fondos del comedor, lo que generó sospechas sobre el destino del dinero y derivó en un clima de tensión interna que trascendió el ámbito institucional.
Además, el caso incluiría episodios de hostigamiento a través de redes sociales contra el director. El denunciante señaló la existencia de publicaciones en estados de WhatsApp y Facebook que habrían sido utilizadas para difundir mensajes intimidatorios o escalar el conflicto, sumando un componente de violencia a la situación.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, que ya dispuso las primeras medidas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Avanza la investigación
En el marco de la causa, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que el director se presente hoy en sede judicial para ampliar su declaración y aportar más detalles sobre lo ocurrido.
Fuentes judiciales y policiales indicaron que esta instancia será clave para determinar responsabilidades y profundizar las distintas líneas investigativas.
Asimismo, se dispuso la realización de un informe socioambiental en la zona, junto con un relevamiento vecinal, con el objetivo de recabar testimonios y reconstruir el contexto en el que operaba la cooperadora escolar, además de detectar posibles irregularidades en el manejo de fondos.
No se descarta que, en función de los resultados de estas diligencias, se adopten nuevas medidas procesales en los próximos días.