Germán Jugo manifestó que pagó 3.600.000, en el año 2019, por un inmueble céntrico que nunca le entregaron. Una abogada realizó otra presentación por al menos 15 damnificados.
Un comerciante santiagueño denunció haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria que podría involucrar a al menos 30 damnificados y que apunta contra un conocido empresario del medio local.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La denuncia fue radicada en el Departamento de Delitos Económicos y quedó a cargo de la Unidad Fiscal de la Circunscripción Capital, mientras que en paralelo se realizó otra presentación en el fuero civil.
El denunciante, Ramiro Germán Jugo, comerciante de 38 años, sostuvo que en diciembre de 2019 inició la compra de un departamento en el edificio “José IV”, ubicado sobre calle La Plata al 600, en la ciudad de Santiago del Estero.
De acuerdo con la presentación penal, el boleto de compraventa fue firmado el 19 de agosto de 2021. El vendedor era Oscar Zambolín, quien actuaba como apoderado de Herminia Miculan, su madre y titular formal del terreno.
Según consta en la denuncia, la operación se pactó en 3.600.000 pesos, suma que el comerciante afirmó haber cancelado en un plazo de seis meses. Indicó además que, al valor actual del mercado, unidades similares superarían los 120.000 dólares.
Las cobranzas, siempre según el relato de la víctima, habrían estado a cargo de Cecilia Patiño y del arquitecto Facundo Sebastián Zambolín. El inmueble debía entregarse en diciembre de 2021, pero comenzaron a informarse supuestos retrasos bajo el argumento de que la obra se encontraba en un 70% de avance y que era necesario “testear” el edificio antes de su habilitación.
Con el paso de los meses y tras reiteradas promesas incumplidas, la construcción habría quedado paralizada y finalmente cerrada. Jugo afirmó que tanto él como otros compradores perdieron contacto con los responsables del emprendimiento.
Representado por el abogado Facundo Baldivieso, el comerciante señaló que intentó obtener explicaciones en el domicilio de la propietaria del terreno, quien habría manifestado desconocer las maniobras denunciadas y la comercialización de las unidades.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que el caso podría alcanzar a unos 30 compradores en condiciones similares, lo que elevaría el perjuicio económico a cifras millonarias.
En ese contexto, una abogada del foro local, en representación de 15 damnificados, ya habría impulsado presentaciones cautelares sin que hasta el momento se conozcan avances concretos.
La causa se tramita bajo la figura de presunta estafa inmobiliaria y no se descartan nuevas denuncias en los próximos días. Los investigadores buscan establecer el destino del dinero abonado y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados, mientras las víctimas reclaman la devolución de sus ahorros o la entrega de las viviendas comprometidas.