Una resolución judicial suspende la circulación de vehículos todo terreno en “La Frontera”, citando los riesgos recurrentes de siniestros graves y fatales.
A tres semanas del accidente en Pinamar en el que Bastian sufrió graves heridas, la Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como “La Frontera”.
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El fallo estuvo a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores y responde a un amparo presentado contra la Municipalidad por Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El juez suplente Félix Adrián Ferrán ordenó el “cese inmediato y la prohibición expresa de pruebas de destreza; competencias formales o informales; eventos recreativos motorizados organizados; desafíos, carreras y toda maniobra temeraria realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares, en el sector de médanos costeros del Partido de Pinamar, conocido como ‘La Frontera’, aún cuando dicho sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas frecuentes”.
Según se especifica en la resolución, “estas prácticas producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad) fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional”, dentro de un espacio de uso masivo y alta concurrencia durante la temporada estival.
Asimismo, el magistrado sostuvo que los municipios tienen la obligación de ejercer el poder policial para regular, controlar e impedir actividades que comprometan la seguridad pública. Es por ello que obliga “al dictado de las medidas necesarias para la tutela de los derechos que se encuentran violados por la omisión de regular la actividad”.
“Las medidas de prevención se presentan como el medio de garantizar que, si el deber de cuidado y prudencia no es acatado por los ciudadanos, el Estado se halla habilitado para implementar mecanismos tutivos, que impidan o reconduzcan actividad dañosa a cauces seguros”, se argumenta en el documento y se añade que “la omisión o insuficiencia en el ejercicio de dicho poder puede traducirse en una situación de peligro actual o inminente, lo que habilita la intervención judicial a fin de asegurar la efectiva protección de los derechos comprometidos, sin que ello implique un indebido avasallamiento de competencias, sino el resguardo del interés público“.
También señala el peligro que se genera por la demora ante una “situación que es de público conocimiento -como el caso de Bastian- respecto a las carreras, picadas y todo tipo de evento similar, donde se registran innumerables cantidad de accidentes que comprometen derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad física y la seguridad pública, bienes jurídicos de jerarquía constitucional que imponen una actuación preventiva y oportuna”.
La suspensión de actividades motorizadas permanecerá vigente hasta que el municipio garantice condiciones de seguridad y control, incluyendo señalización, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes, rechazando así el argumento de la Municipalidad de Pinamar que sostenía que no podía intervenir por tratarse de predios de titularidad privada, y remarca que esa excusa no es válida frente a un riesgo cierto, conocido y evitable.