La pesquisa comenzó por una denuncia presentada por concejales de Unión por la Patria contra funcionarios del gobierno radical de la ciudad.
La Policía de Entre Ríos realizó el jueves por la mañana un allanamiento en dependencias de la Municipalidad de La Paz. El operativo, que comenzó a las 9:15, se hizo en el marco de una causa que investiga posibles desvíos de recursos destinados a atender merenderos y comedores locales.
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La pesquisa comenzó por una denuncia presentada por concejales de Unión por la Patria contra funcionarios del gobierno radical de la ciudad. Está caratulada “Camino, Matías Alejandro y otros S/incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Camino es el secretario de Gobierno del municipio. La demanda también alcanzó al intendente Walter Martín y al secretario de Desarrollo Social, Josías Garnier.
Al momento del allanamiento, el presidente municipal estaba de vacaciones. El Gobierno local había quedado en manos de su vice, Stella Wensel.
Cómo sería el modus operandi
Los ediles opositores indicaron en la presentación judicial que habría establecimientos que reciben partidas a pesar de que ya no funcionan o tienen domicilios inexistentes. En las respuestas a los pedidos de informes que realizaron, Garnier indicó que eran 18 los comedores y merenderos asistidos por el Municipio.
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Los legisladores opositores señalaron que en el documento que remitió el funcionario faltaban datos. “La compra se hace con el procedimiento administrativo que corresponde. Se realiza el cotejo de precios, se adquieren y llegan a Desarrollo Social. Nuestros pedidos de informes se centraban en saber dónde se entregaron, a quién, en qué lugar y cómo se seleccionan los beneficiarios”, explicó a Infobae la edil Ileana Fonseca.
“Garnier nos detalló 14 merenderos y 4 comedores. Pero en ninguna parte se indica quién es el responsable de cada lugar. En algunos casos figuran direcciones y en otras no. Tampoco se especificó cuánta mercadería se entrega ni qué cantidad de gente asiste”, agregó.
Esto llevó a los ediles a hacer una recorrida junto a un escribano público que levantó actas de todo. En esa constatación encontraron que, de los 14 merenderos, en diez habría irregularidades. Eran lugares en los que “nunca existió un merendero, antes hubo uno o le dan de comer cada tanto a algunas personas”, manifestó la concejal.
Esta información y los dichos de los vecinos contenidas en las actas notariales fueron presentadas en la Justicia. Para abastecer los comedores y merenderos, el Municipio compra harina, aceite, grasa y tomate triturado, puntualizó.
La sospecha es que estos alimentos se utilizaron en la campaña. ”La mercadería se compró y se entregó a la Municipalidad. Pero el Municipio no puede comprobar que se asingó a los lugares que ellos aducen”, consignó Fonseca.
Al respecto, destacó que para evitar que este tema quede salpicado por la puja electoral del año pasado, esperaron que concluya la campaña y los comicios para radicar la denuncia. El edil José Esquivel (UP) fue el encargado de elaborar y presentar el escrito judicial que dio inicio a la causa.
Cuánto es el dinero comprometido
El período en el que está puesto el foco es el primer trimestre de 2024. En ese lapso se gastaron $90 millones. Sin embargo, la proyección de todo ese año y tramo enero/septiembre de 2025 elevaría la cifra a más de $300 millones.
Una vez que se concretó la demanda en los Tribunales locales, los funcionarios municipales se presentaron de forma espontánea ante la Justicia. Se pusieron a disposición y ofrecieron toda la documentación que haga falta.
A través de un comunicado, la gestión municipal reafirmó “su compromiso con la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el trabajo responsable y honesto al servicio de la comunidad”.
Qué resultados arrojó el procedimiento
Durante el procedimiento concretado el jueves, se secuestró abundante documentación. Debieron ocuparse varias cajas para trasladarla. Ahora comenzará el análisis. El fiscal que interviene es Facundo Barboza. En el estudio de los expedientes que recogió la Justicia participarán profesionales técnicos del Ministerio Público Fiscal. Del relevamiento surgirá si la documentación es o no de interés.
Fuentes con acceso al expediente adelantaron que, a partir de ahora, habrá más medidas. Con base en la información que aparezca en los archivos sacados del Municipio podrían surgir llamados a declarar y a designar abogados defensores a las personas vinculadas con la operatoria.
La Policía y el personal judicial que realizó el procedimiento trabajó gran parte del tiempo en el área de Contaduría. Durante la tarea, se restringió el acceso del personal.