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Policiales

Un empresario denunció haber sido extorsionado por WhatsApp

El damnificado se dedica a la venta de muebles y es proveedor del Estado. Sospechan que el apriete vendría desde Córdoba.

22/01/2026

Un empresario santiagueño denunció haber sido víctima de amenazas y extorsión mediante mensajes de WhatsApp, en los que le exigieron el pago del 10% de sus ingresos, supuestamente destinados “a nuestros socios”.

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La denuncia fue radicada por Omar Jesús Alor López, propietario de la empresa Alher Equipamiento Comercial del Hogar, y dio origen a una investigación a cargo del personal de la División Homicidios y Delitos Complejos, bajo la coordinación de la fiscal Eugenia Callegaris.

Según consta en las actuaciones, el hecho ocurrió el 12 de enero, cuando el empresario se encontraba con su familia y recibió un audio de WhatsApp configurado para ser escuchado una sola vez. En el mensaje, una persona con característica telefónica de la provincia de Córdoba le exigió el pago del 10%, advirtiéndole que, de no cumplir, podría enfrentar inconvenientes derivados del retraso en la entrega de ese dinero.

En su declaración, Alor López indicó que su empresa mantiene vínculos comerciales con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y participa en la provisión de muebles para viviendas en construcción en Las Termas de Río Hondo.

Ante la imposibilidad de reproducir el audio nuevamente, el denunciante informó que grabó el mensaje con otro teléfono celular, material que ya fue puesto a disposición de los investigadores.

Minutos después, el empresario recibió una segunda comunicación, en la que se reiteró la exigencia del pago dentro de un plazo de 24 horas, bajo la advertencia de que solo de esa manera se evitarían “problemas” y se facilitarían supuestas gestiones pendientes.

El denunciante calificó el hecho como un intento de extorsión, cuya modalidad y alcance continúan siendo analizados por la Justicia. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que se trabaja para identificar el origen de las comunicaciones, y que las primeras líneas investigativas apuntan a la provincia de Córdoba, a partir del análisis de números telefónicos y datos de geolocalización aportados por las empresas de telefonía móvil.

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